Detenidas 36 personas de una red que explotaba a unas 400 mujeres en varios macroprostíbulos de Andalucía

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 36 personas han sido detenidas en una operación de la Policía Nacional en la que se desarticulado una organización criminal que explotaba a unas 400 mujeres en seis macroprostíbulos situados en distintas provincias andaluzas.

Se han inmovilizado por orden judicial 57 inmuebles, 56 vehículos, una embarcación y otros bienes valorados en más de 14 millones de euros. Las ganancias obtenidas anualmente en cada uno de los clubes eran de 1.250.000 euros, aproximadamente.

Según ha informado esta mañana en Madrid el jefe de Sección Operativa de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales(UCRIF), las ganancias que obtenía la organización eran invertidas en "inmuebles de todo tipo", barcos y vehículos de lujo. "La cuestión del barco es anecdótica pero, también demostrativa del dinero que tenían", ha destacado.

Los seis macroprostíbulos propiedad de la red criminal han sido clausurados por la Policía y estaban situados "en carreteras, polígonos industriales y lugares de fácil acceso" de las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva. Las instalaciones contaban con cajeros automáticos vinculados a las empresas mercantiles del propio entramado societario de la organización, lo que facilitaba a los clientes el acceso rápido a dinero en efectivo y al comercio sexual.

Para la Policía este 'modus operandi' "no es especialmente novedoso". "Obtienen el lucro tanto a través de las comisiones, como facilitando a la clientela el acceso a los servicios sexuales", ha indicado el jefe de Sección Operativa de la UCRIF.

También disponían de dispositivos de telepago para cobrar los servicios sexuales, todo lo cual generaba unos beneficios añadidos, derivados de las comisiones que los clientes debían abonar por utilizarlos. Otro de los servicios que ofertaban los clubes era que a los clientes que lo solicitaran se les facilitaban sustancias estupefacientes. Pese a ello, los detenidos no han sido acusados de cometer un delito contra la salud pública.

Las investigaciones de esta operación de "gran complejidad" comenzaron hace unos tres años, con la detección de una operación sospechosa de compraventa de una parcela en Córdoba, cuyo importe --unos 3,5 millones de euros-- se comprobó posteriormente que había sido abonado, mediante imposiciones en efectivo, con dinero procedente de actividades ilícitas cometidas en un club de alterne ubicado en dicha parcela.

Las pesquisas de la Policía permitieron averiguar que el club había sido adquirido por una organización criminal que, además, era propietaria de otros cuatro locales de similares características en las provincias de Sevilla, Córdoba y Cádiz. Además, en el transcurso de las investigaciones, la red abrió un club más en la localidad de Ayamonte (Huelva), considerado de gran interés estratégico, ya que permitía atraer clientela procedente de Portugal.

COMPLEJO ENTRAMADO SOCIETARIO

En torno a los prostíbulos, esta organización dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral había dispuesto todo un entramado societario y de personas interpuestas a modo de testaferros para tratar de enmascarar la auténtica procedencia de los beneficios obtenidos.

Las investigaciones llevaron a la Policía a la conclusión de que cada club operaba a través de, al menos, tres sociedades controladas por la propia organización: una era la titular del inmueble, otra explotaba la actividad económica y la tercera gestionaba los pagos realizados con tarjeta. De este modo aparentaban movimientos de dinero entre las distintas sociedades que les permitían justificar entradas ilícitas de capital de forma aparentemente legal.

Dadas las características y la forma de actuación de la organización, los investigadores pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que se encargó de dirigir la investigación a partir de ese momento. Con toda la información recabada se montó el correspondiente dispositivo policial, coordinado por la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

DETENCIONES EN SEIS PROVINCIAS

De forma coordinada y simultánea se realizaron 17 registros. Nueve de ellos en distintos domicilios ubicados en las provincias de Sevilla, Córdoba y Cádiz y otros siete en las sedes sociales de diferentes empresas, entre ellas los clubes de alterne investigados, además de un apartado de correos.

El jefe de Sección Operativa de la UCRIF, explicado que la operación se ha saldado con la detención de 36 personas en Sevilla (diez), Huelva (cinco), Córdoba (cuatro), Madrid (tres), Pamplona y las localidades gaditanas de El Puerto de Santa María (doce) y Algeciras --en su mayoría de nacionalidad española y algunos con antecedentes-- y la imputación de 27 personas jurídicas.

Asimismo, ha declarado que "puede haber más detenidos" en el marco de esta investigación y que ninguno de los arrestados ha ingresado en prisión, aunque sí se les han impuesto "medidas cautelares". Las 36 personas detenidas, así como las 27 personas jurídicas están acusadas de trata de seres humanos, blanqueo de capitales, integración en organización criminal y delitos contra los derechos de los trabajadores.

Además, se han intervenido cajeros automáticos y dispositivos de telepago ubicados en los clubes, nueve vehículos de alta gama, diversas joyas y relojes de lujo, unos 250.000 euros en efectivo, un revólver y munición para el mismo, así como abundante documentación relativa a las actividades ilícitas de la organización (libros contables de los clubes y sus mercantiles, anotaciones manuscritas de los "pases" de las chicas, libros de viajeros en los que se observa que sólo se hospedan mujeres y numerosos documentos contables y económicos).

Aparte de la inmovilización de bienes valorados en unos 14 millones de euros, se han bloqueado más de trescientas imposiciones bancarias y se han clausurado seis clubes de alterne.

MULTABAN A LAS MUJERES

Las mujeres explotadas en los clubes eran obligadas a abonar un porcentaje por cada servicio sexual prestado. Además, debían firmar una especie de "contrato" que las comprometía a cumplir una serie de normas impuestas también por la organización y que conllevaban una serie de sanciones (multas) en caso de incumplimiento. Por ejemplo, debían abonar 50 euros por descansar sin permiso o entre 150 y 200 euros por abandonar el club sin autorización previa.

"Cuando los líderes de la organización no les autorizaban a tomarse descansos les cobraban multas de aproximadamente de unos 50 euros", ha insistido el jefe de Sección Operativa de la UCRIF, al tiempo que ha precisado que las víctimas podían llegar a trabajar "unas 12 o 14 horas" diarias "dependiendo de los servicios sexuales" que prestaran y que podían incluso vivir en el prostíbulo "donde las explotaban sexualmente".

Las mujeres, que no han presentado denuncia, procedían "prácticamente en su totalidad" de Sudamérica, aunque también "se ha localizado a alguna víctima que provenía de Europa del este". "Las edades oscilaban entre los 18 y 35 años más o menos", ha señalado, para después concretar que "no todas ellas estaban en situación irregular".