Consejo.- El Gobierno aprueba los servicios y prestaciones que recibirán las personas dependientes

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros aprobó hoy, a propuesta del titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, el Real Decreto que desarrollará la intensidad de protección de los servicios que recibirán las personas en situación de dependencia, así como las prestaciones económicas.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó en la rueda de prensa posterior al Consejo que la puesta en marcha de este sistema es "uno de los ejes" de la política del Ejecutivo: "la ampliación de derechos ciudadanos".

"Es una ley muy ambiciosa y compleja de ahí que hayamos ya empezado a aplicarla de forma gradual", apuntó. A lo largo de este primer año de aplicación serán atendidos las personas depedientes de mayor gravedad (unas 200.000).

Según de la Vega, Gobierno y comunidades autónomas dedicarán este año un total de 821 millones de euros, cantidad que se duplicará el año próximo y se triplicará en 2009. "Estas cifras suponen un esfuerzo financiero considerable, solidario de todos apoyado en el notable dinamismo de nuestra economía", destacó.

SERVICIOS ASISTENCIALES.

En virtud de la norma, los ciudadanos que se beneficien de la Ley recibirán servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio (entre 70 y 90 horas mensuales en los casos más graves), plaza en un centro de día o de noche, atención residencial, así como para la prevención y promoción de la autonomía personal.

En el caso de que no pueda ofrecerse este tipo de servicios, por ausencia de infraestructuras, dado que este es el primera año de funcionamiento del Sistema, el Estado garantizará una serie de prestaciones económicas: ayudas de hasta 780 euros para adquirir el servicio en el mercado privado y para la contratación de una asistente personal.

Además, en los casos en que el beneficiario opte por ser atendido en su entorno familiar, el cuidador recibirá una compensación económica de hasta 487 euros mensuales, además del coste de la cotización a la Seguridad Social (74) que corren a cargo del Estado.

Con este Real Decreto, que fue acordado por el Consejo Territorial de la Dependencia y dictaminado por el Consejo de Estado, se completa el desarrollo reglamentario básico de la Ley de Dependencia (baremo, financiación, Seguridad Social de los cuidadores familiares y servicios y prestaciones).

La Ley de Dependencia establece un nuevo derecho de ciudadanía en España: el derecho de las personas mayores y de las personas con discapacidad que no se pueden valer por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos, y crea el Sistema de Dependencia.

A través del sistema, las personas dependientes tendrán garantizado el acceso a los servicios sociales (ayuda a domicilio, centros de día, teleasistencia, plazas residenciales) o a las prestaciones económicas que necesiten.