MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las empresas, administraciones públicas y entidades en las que se intervenga con menores de edad pueden pedir de forma conjunta el certificado de antecedentes por delitos sexuales de todos sus trabajadores, siempre y cuando recaben previamente la autorización expresa de éstos.
Así lo explica el Ministerio de Justicia en una nota aclaratoria sobre el funcionamiento del nuevo Registro de Delincuentes Sexuales que ha comenzado a operar esta semana, una base de datos con sentencias en firme y perfiles genéticos a la que obligatoriamente deben acudir todas las personas que trabajen o desarrollen actividades con niños para probar que no han sido condenados por delitos de este tipo contra ellos.
El organismo que dirige en funciones Rafael Catalá recuerda que el documento es gratuito y explica que las entidades en las que se va a trabajar con menores pueden solicitar el certificado negativo que acredita la ausencia de antecedentes de sus trabajadores de forma conjunta, previo consentimiento expreso de éstos.
Por su parte, las administraciones públicas pueden solicitar el certificado negativo también con autorización previa del trabajador directamente a través de la Plataforma de Intermediación de Datos que gestiona el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. De este modo, se evitan desplazamientos y se agiliza su tramitación.
En cuanto a las solicitudes individuales, Justicia señala que hay diferentes canales para cursar la petición. Si se opta por la vía telemática, el usuario sólo requerirá de su DNI electrónico o firma acreditada para pedir el documento en la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia. Por correo postal puede pedirse a cualesquiera de las gerencias territoriales o al Centro de Atención al Ciudadano de Madrid.
De forma presencial, se puede acudir a los registros de las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, en el Centro de Atención al Ciudadano de Madrid, en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y en los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas y a la de cualquier Administración Local.
Haciendo constar su número de móvil en la solicitud, el interesado recibirá por SMS un código seguro con el que descargar el certificado cuantas veces necesite desde la Sede electrónica del Ministerio de Justicia.
"El Ministerio de Justicia trabaja de forma coordinada con las administraciones autonómicas y locales para facilitar a los ciudadanos este trámite con el que se persigue incrementar el control de los delincuentes sexuales y prevenir su contacto con menores de manera que primen los derechos de éstos sobre cualquier otro", explica el comunicado.
La obligatoriedad de presentar este certificado para proteger a los menores contra la explotación y el abuso sexual está recogida en la Ley de Protección de la Infancia, que ordena la creación de este registro como mecanismo para facilitar la prevención, la investigación y la persecución de estos delitos.
El Registro, que empezó a operar el 1 de marzo, incluye los datos de la identidad y del perfil genético de las personas condenadas mediante sentencia firme por los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales y trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluida la pornografía.
Constan así los condenados por un delito de estas características, sean adultos o menores, aunque conforme marca la legislación, estos dejarán de figurar una vez transcurridos diez años desde la mayoría de edad, pues se borran los antecedentes penales.
