Con validez hasta 2012, el plan que guiará la cooperación hasta el 0,7 reducirá el número de países receptores para ganar en eficacia
MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros aprobó este viernes el III Plan Director de la cooperación española, el documento que guiará esta política hasta 2012, cuando deberá alcanzarse la meta que se fijó el Ejecutivo de destinar el 0,7 por ciento del PIB, y que tendrá como prioridades la lucha contra el hambre y la erradicación de la pobreza "de forma sostenible", según informó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en rueda de prensa.
El plan 2009-2012 propone reducir de 56 a 50 el número de países con los que se cooperará, con el fin de concentrar la ayuda para ganar en eficacia, como aconseja el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el órgano ante el que rinden cuentas los países donantes.
De este modo, la vicepresidenta explicó tras la reunión del Consejo de Ministros que el plan se centrará principalmente en América Latina, región "prioritaria" para España, y África, donde la cooperación española "redoblará sus esfuerzos", ya que se beneficiarán de él 19 países latinoamericanos y 14 africanos.
De este modo, se dejará de priorizar así a economías emergentes como China y Turquía. Según fuentes diplomáticas, del nuevo plan se excluye --sí estaban en el anterior-- a Turquía y los países balcánicos por ser candidatos a adherirse a la UE en un futuro; a los países asiáticos afectados por el tsunami de 2004 (aunque la ayuda seguirá llegando hasta el fin de los proyectos subvencionados) y a China, Chile y Sudáfrica.
El documento incorpora una nueva división de países con los que se hará cooperación. Un primer grupo de 23 naciones recibirá elevados volúmenes de ayuda a largo plazo. Se trata de Haití, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, República Dominicana, Marruecos, Argelia, Mauritania, Etiopía, Malí, Mozambique, Senegal, Cabo Verde, Níger, Filipinas, Vietnam, así como los Territorios Palestinos y la población saharaui.
Un segundo grupo de 14 países recibirá ayuda en sectores muy concretos. Se incluye aquí a Colombia, Irak, Líbano, Guinea Ecuatorial, Sudán, Guinea Bissau, Gambia, Angola, República Democrática del Congo, Guinea Conakry, Timor Oriental, Afganistán, Camboya y Bangladesh.
Un tercer grupo de 13 países se beneficiará de ayudas destinadas a consolidar logros ya alcanzados y a establecer asociaciones para actuar de forma conjunta en terceros países. Es el caso de Cuba, Costa Rica, Brasil, México, Venezuela, Panamá, Argentina, Uruguay, Siria, Túnez, Egipto, Jordania y Namibia.
Dos tercios del total de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española se dirigirán a los países del primer grupo, mientras que al menos un 85 por ciento se repartirá entre naciones pertenecientes a los dos primeros grupos. Se avanzará así hacia el compromiso de destinar al menos el 25 por ciento de la AOD a los países más pobres antes de 2015. En 2007 este porcentaje rozó el 20 por ciento.
De la Vega subrayó durante la rueda de prensa la "importancia" de este nuevo plan, el cual, según afirmó, se basa en el "consenso político y social" y sitúa a España "en la vanguardia" de la cooperación internacional.
Según la vicepresidenta, el III Plan Director, que calificó como una "cuestión de justicia y solidaridad", dirigirá también la "coordinación y participación" de los actores de la cooperación española.
LLEGAR AL 0,56 EN 2010
El documento subraya que el III Plan Director será "pese a las dificultades económicas" el del 0,7 por ciento porque, remarca, "la ayuda al desarrollo no es una política para tiempos de bonanza económica", sino que en los momentos más difíciles "es más importante que nunca mantener la ayuda prevista". Para llegar al 0,7, el plan se fija como meta anterior alcanzar el 0,56 en 2010.
El nuevo plan establece que las áreas que financiará el dinero español seguirán siendo los servicios sociales básicos (educación, salud, agua y saneamiento), género, gobernabilidad democrática, cultura y desarrollo y construcción de la paz, al tiempo que se impulsarán nuevas prioridades como el desarrollo rural.
El Gobierno español subraya la necesidad de revertir una tendencia que ha llevado a que el porcentaje de recursos de AOD dedicados a la agricultura haya pasado de un 18 por ciento en 1979 a un 3,4 por ciento en 2006.
Se prestará especial atención a la lucha contra el cambio climático; la ciencia, la tecnología y la innovación; la participación del sector privado, mientras que se incluirá por primera vez un sector específico para promover los efectos positivos entre migración y desarrollo.
También por vez primera se concebirá como un capítulo específico la Acción Humanitaria, que se marcará como una de sus metas principales la capacidad de prevención de desastres.
NUEVOS MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Este plan es el primero que recoge los "errores y deficiencias" de la cooperación española, en función de los cuales apuesta por concentrar la ayuda en países, sectores y contribuciones a organismos internacionales.
También aboga por mejorar la coordinación entre todos los actores de la cooperación (Administración General de Estado, Comunidades Autónomas, ayuntamientos y ONG), implementar definitivamente la coordinación sobre el terreno, que es donde se sufre más la descoordinación, aumentar la plantilla de la Agencia Española de Cooperación Española para el Desarrollo y consolidar el liderazgo de las Oficinas Técnicas de Cooperación sobre el terreno.
Para cumplir estos objetivos y otros, el Gobierno pondrá en marcha un Plan de Acción para una Ayuda Eficaz en el que participarán gobiernos, sociedad civil, centros de investigación, sector privado y parlamentos de los países socios.
Otra de las novedades del plan reside en la inclusión de varios mecanismos de rendición de cuentas. El Gobierno redactará un Informe Anual de Acción Multilateral en el que dará cuenta de las actuaciones y desembolsos realizados a organismos internacionales, propondrá la creación de un Intergrupo Parlamentario para la Coherencia de Políticas para el Desarrollo y aceptará que un organismo independiente local evalúe los recursos que se destinan a cada país de forma bilateral.
El III Plan Director se ha debatido con ONG, sindicatos, Comunidades Autónomas, ayuntamientos y universidades, además de que por primera vez se ha remitido al Congreso para que los grupos pudieran presentar sus observaciones antes de su aprobación por el Consejo de Ministros.
