MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha manifestado por escrito que "respeta pero no comparte ni el diagnóstico ni el análisis" del informe de Amnistía Internacional (AI) en el que se pone de manifiesto las carencias de la Ley Integral contra la Violencia de Género, así como "la falta de aplicación" de las medidas contenidas en la norma, según un escrito oficial del Ejecutivo socialista, al que ha tenido acceso Europa Press.
En su informe 'Obstinada Realidad, Derechos Pendientes', presentado en julio de 2008 para evaluar el funcionamiento de la ley, Amnistía Internacional destaca "la falta de cumplimiento de algunos de los compromisos de la ley integral, que después de tres años de su entrada en vigor no ha tenido el impacto esperado".
Durante la presentación del estudio, la autora, María Naredo, acusó al Gobierno socialista de "autocomplaciencia" y de no estar "dando la suficiente prioridad a esta tema", al tiempo que pidió al Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero "mayor autocrítica y adoptar medidas correctoras" que mejoren el funcionamiento de la ley.
El ministerio de Igualdad, por su parte, rechaza el informe de esta ONG y asegura que la citada norma ha provocado "más denuncias por violencia de género, menos impunidad con el agresor, más recursos, menos homicidios, mayor concentración social y -sobre todo y lo más importante- más y mejor protección integral hacia las víctimas de violencia de género".
Sin embargo, el ministerio dirigido por Bibiana Aído reconoce "la necesidad de seguir trabajando e impulsando más medidas". "Especialmente -añade- una mayor coordinación con las comunidades autónomas y las entidades locales e impulsar una mayor implicación de todas las Administraciones en ámbitos como la información a las víctimas de origen extranjero, los recursos disponibles en la Administración de justicia y la formación especializada de todos los agentes que intervienen en la asistencia y protección a estas mujeres".
En la actualidad, existe una subcomisión en el Congreso de los Diputados, a la que acudirán unos 60 especialistas, dedicada a examinar la ley y, en su caso, proponer al Ejecutivo las iniciativas oportunas para mejorar la protección de las mujeres maltratadas.
