MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
El regreso forzoso de 227 inmigrantes a Libia el pasado miércoles por parte de los guardacostas italianos supone una violación de su derecho a solicitar asilo y los coloca de nuevo en riesgo de ser sometidos a un tratamiento inhumano y degradante, según denunciaron hoy las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI).
Los inmigrantes, cuyas nacionalidades aún no se conocen, fueron rescatados en la costa de Italia y se les devolvió a Libia sin ningún tipo de contemplación hacia su estatus de refugiados, señala HRW. "Italia está actuando como si hubiera hecho algo positivo al enviar de manera inmediata a estas personas de vuelta", manifestó el director de políticas de refugiados en HRW, Bill Frelick. "De hecho, negaron a estas personas el derecho de solicitar asilo y ponerlos en el camino difícil, puesto que sabemos cómo ha tratado Libia los derechos de los inmigrantes que regresaron allí", añadió.
Las informaciones de los medios de comunicación recogen las declaraciones del ministro del Interior italiano, Roberto Maroni, asegurando que los habían "identificado y devuelto a sus países de origen". "Por primera vez, somos capaces de enviar inmigrantes ilegales directamente de regreso a Libia", según declaró a la televisión italiana 'Canale 5', calificó el hecho de "histórico" y "un cambio sustancial en la lucha contra la inmigración clandestina".
Los investigadores de HRW se encuentran ahora en Sicilia, después de visitar Malta y Libia, para evaluar el tratamiento de los inmigrantes y de los solicitantes de asilo. Todos los inmigrantes indocumentados entrevistados por la organización que habían sido detenidos después de intentar abandonar Libia sin éxito testificaron que habían sido maltratados y sometidos a detención indefinida, a menudo en condiciones inhumanas y degradantes.
Libia no es un país firmante de la Convención para los Refugiados de 1951 y no tiene una ley sobre el derecho al asilo, aunque el Ministerio de Justicia de Libia aseguró a HRW el pasado abril que las autoridades ultiman un proyecto de ley.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) trabaja en Libia sin un acuerdo formal con el Gobierno. Esta agencia de la ONU estima que el 75 por ciento de los emigrantes que llegan a Italia en 2008 eran solicitantes de asilo, y al 50 por ciento se le concedió algún tipo de protección internacional. Más del 90 por ciento de los emigrantes, señala la agencia, procedían de Libia.
Además de las obligaciones de Italia en virtud de la Convención para los Refugiados, el artículo tres de la Convención europea sobre los Derechos Humanos prohíbe que Italia devuelva a nadie a un país donde están en riesgo de ser sometidos a tratamiento inhumano o degradante.
Por su parte, AI señala que los gobiernos italiano y maltés han incumplido sus obligaciones internacionales. "Se han puesto en peligro la vida y la seguridad de estas personas, en primer lugar, a causa del conflicto entre las autoridades italianas y maltesas acerca de su obligación de responder a una llamada de socorro marítimo", señaló la directora del programa de AI para Europa y Asia Central, Nicola Duckworth.
"En segundo lugar, a la decisión sin precedente del gobierno italiano de enviar a esas personas a la capital libia, Trípoli, sin evaluar sus necesidades de protección", añadió. "Las disputas sobre jurisdicción o responsabilidad no deben impedir ni retrasar el rescate y la ayuda de personas que corren riesgo de morir ahogadas", anotó.
