NUEVA YORK, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) celebró hoy el acuerdo al que llegaron el pasado 29 de junio el Gobierno de Uganda y los rebeldes del Ejército de Resistencia del Señor (LRA) para el procesamiento de los responsables de violaciones de Derechos Humanos en el norte de Uganda, pero advirtió de que sólo se garantizará la paz y la justicia si los castigos previstos en los juicios reflejan la gravedad de los hechos.
Las dos partes negocian desde julio de 2006 en la localidad de Juba, capital de Sur Sudán, para poner fin a dos décadas de conflicto armado el norte de Uganda. El pasado 29 de junio, Gobierno y LRA firmaron un acuerdo sobre responsabilidad y reconciliación, tras lo cual se ha abierto un mes para las consultas y la definición de los anexos del acuerdo.
En 2005, recuerda HRW, el Tribunal Penal Internacional (TPI) dictó orden de arresto contra los principales dirigentes del LRA por crímenes de guerra y contra la Humanidad. Asimismo, según la organización, las fuerzas del Gobierno también han sido responsables de violaciones de Derechos Humanos.
El acuerdo del 29 de junio establece que los "tribunales oficiales" de Uganda tendrán jurisdicción sobre los individuos que "tengan alguna responsabilidad particular" respecto a los peores crímenes.
El TPI no se opone a que se procese a los encausados en su propio país, pero estos juicios, según HRW, deben ajustarse a una serie de requisitos. Concretamente, deben ser "creíbles, independientes e imparciales". Además, deben "ajustarse a las normas internacionales sobre juticios justos" y los castigos deben "ser apropiados y reflejar la gravedad de los crímenes".
"Los últimos acuerdos de Juba reconocen que se deben juzgar los más graves crímenes cometidos en el norte de Uganda, y eso es bueno", declaró el director del Programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch, Richard Dicker. "No obstante, los acuerdos dejan abierta la cuestión de los castigos en los casos de condena", prosiguió. "Los castigos deberían reflejar la gravedad de los crímenes, y la cárcel debería ser el castigo más importante", añadió.
El acuerdo establece que se debe introducir "un régimen de castigos y sanciones anternativos" para los "actores no estatales", que deben "sustituir a los castigos actualmente existentes". El Código Penal ugandés incluye largas penas de prisión e incluso la pena de muerte para los peores delitos. Al respecto, advirtió HRW, "no se debe permitir la pena de muerte".