Aumentan las peticiones para sustituir la pena por expulsión de inmigrantes irregulares condenados
MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
La ruta migratoria de los menores no acompañados consistió en el año 2010 en la entrada por Ceuta, Melilla y Algeciras, normalmente ocultos en vehículos a motor, o en embarcaciones por el Mediterráneo, para después dirigirse al norte de España y desde allí, a Madrid y Barcelona, según la Memoria para 2010 del Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, presentada este jueves con motivo de la apertura del Año Judicial.
Por el contrario, el fiscal indica que la llegada de menores a las costas de las Islas Canarias se ha reducido "extraordinariamente", de forma que las diligencias incoadas allí el pasado año supusieron el 4,96 por ciento del total, casi un 10 por ciento menos que en 2009.
En cualquier caso, en el conjunto de España se han incoado un total de 2.508 diligencias preprocesales dirigidas a determinar la edad de ciudadanos extranjeros, lo que supone un descenso del 21,57 por ciento respecto a 2009, aunque se ha decretado la minoría de edad en 2.134 ocasiones, es decir, un 55,2 por ciento más que en el año anterior.
Además, en el año 2010, se han incoado 294 procedimientos de repatriación de menores no acompañados, de los que casi un 73 por ciento se han abierto en Málaga, Cádiz y Granada, aunque doce son los que han superado la fase de instrucción sobre los que ha tenido que informar el Ministerio Fiscal pronunciándose favorable al reagrupamiento familiar en siete casos.
En cuanto a los inmigrantes mayores de edad, en el año 2010 los fiscales españoles han emitido un total de 13.506 informes sobre peticiones gubernativas para aplicar la medida cautelar de internamiento, lo que significa un incremento de un 2,5 por ciento con respecto a 2009. De ellos, el 72 por ciento fueron favorables a la privación de libertad, cerca de un 10 por ciento menos que en el año anterior.
PREOCUPACIÓN POR LOS CIES
Con respecto a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES), los Fiscales Delegados de Extranjería (FDE) han mostrado en sus informes una "preocupación" generalizada por que estos centros no disponen de "las instalaciones más adecuadas para alojar a delincuentes penados" a los que se haya sustituido la pena de prisión por la expulsión.
Concretamente, los fiscales se han pronunciado a favor de la sustitución de la pena en 8.371 ocasiones, un dato un 12 por ciento superior al del año 2009.
Sobre los delitos relativos a la explotación sexual y laboral de los ciudadanos extranjeros en 2010, la Fiscalía General del Estado ha destacado que, tras la incorporación por la Ley Orgánica 5/2010 al Código Penal del nuevo artículo 177 bis que tipifica el delito de trata de seres humanos, y tras la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 2/2009 de la Ley Orgánica 4/2000, España se ha incorporado "decididamente" a la acción mundial contra la trata de seres humanos impulsada por las Naciones Unidas.
No obstante, ha admitido que España "todavía está en el inicio de un camino largo y complicado" al que se han incorporado los fiscales especialistas en Extranjería "con la pretensión de ayudar a que se llegue a buen término".
NO HAY TRATA LABORAL EN ESPAÑA
Así, durante el año 2010 se han formulado 30 escritos de acusación por delitos de explotación sexual de ciudadanos extranjeros, lo que representa un aumento del 20 por ciento en relación con los presentados en 2009. Sin embargo, no se ha producido ningún caso de trata laboral.
En cualquier caso, sí se han producido situaciones de abuso a aquellos ciudadanos extranjeros sin las correspondientes autorizaciones administrativas de residencia en España a los que se han impuesto unas condiciones de trabajo o de seguridad social "ilegales o patentemente leoninas", algo que Conde Pumpido ha calificado de "intolerable". Por este motivo se han formulado un total de 22 escritos de acusación.
Por otra parte, los escritos de acusación del Ministerio Fiscal por el delito de apoyo o ayuda a la entrada ilegal en territorio nacional han disminuido "notablemente" así como el flujo migratorio hacia España debido a la crisis económica y al despliegue de mecanismos de control, según el informe del fiscal. El total de cayucos y pateras llegados a las costas españolas ha descendido un 18,15 por ciento y el número de inmigrantes llegados por vía marítima ha bajado un 50,1 por ciento.
También han disminuido los delitos de favorecimiento de la inmigración clandestina, aunque en el caso de la inmigración por vía marítima, se ha agravado cualitativamente, de forma que, según ha denunciado la FDE de Las Palmas se está generalizando el aprovechamiento donde se transporta a los inmigrantes para traficar con drogas u otro tipo de mercancía sometida a control oficial.
Así, en 2010 se han presentado 7 acusaciones contra capitanes o pilotos de cayucos o pateras frente a las 50 de 2009, lo que supone un descenso del 86 por ciento. Además, se han reducido en un 36 por ciento los escritos de acusación contra quienes trataban de introducir a inmigrantes ocultos en vehículos a motor y se han formulado tres acusaciones menos por facilitar la inmigración clandestina utilizando documentación falsa.
