MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha pedido al Ministerio del Interior que evite "obstruir las vías respiratorias", impedir la visión o la audición de los inmigrantes durante los procesos de repatriación, tras constatar la existencia de un protocolo de la Dirección General de la Policía que "aludía al empleo de un variado elenco de instrumentos coercitivos". Su recomendación ya ha sido tenida en cuenta.
Según explica la Oficina del Defensor, la investigación arrancó tras la denuncia de una ONG, segura de que algunas de las indicaciones de este protocolo "podrían vulnerar derechos humanos de los detenidos" y ponía como ejemplo el caso del fallecimiento de un ciudadano nigeriano por asfixia cuando era repatriado.
Como resultado de la investigación, el Defensor del Pueblo "comprobó" que entre los instrumentos coercitivos mencionados se incluía "el uso de cascos, camisas de fuerza o cintas adhesivas". Además, constató que el texto del protocolo de actuación "era ambiguo en ciertos aspectos y no especificaba detalles sobre las circunstancias concretas en las que los diversos medios y técnicas de inmovilización podían ser utilizados".
Así, la institución se puso en contacto con la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil para pedir por escrito la modificación de la Resolución de 1 de octubre de 2007, que recogía el citado protocolo para incorporar un artículo que de forma expresa, señalase que "las medidas coercitivas no deberán dificultar o poner en peligro la capacidad del repatriado para respirar normalmente, prohibiendo de manera absoluta, el empleo de medios que puedan obstruir las vías respiratorias".
Asimismo, se solicitó que se incluyera una mención expresa a "la prohibición de la utilización durante la ejecución de la repatriación de medio alguno que impida al repatriado la visión o la audición", según informó la Oficina del Defensor del Pueblo.
En respuesta, la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil ha contestado que ha cursado las "pertinentes instrucciones a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, para que el actual contenido del citado apartado del Protocolo de Actuación se interprete en los términos y con la finalidad prevista en la recomendación del Defensor del Pueblo".
