ONG denuncian que la amnistía del presidente sirio excluye a activistas y periodistas

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos ha denunciado este jueves que la amnistía concedida el pasado 23 de octubre por el presidente de Siria, Bashar al Assad, ha excluido a activistas pacíficos, profesionales de los medios y trabajadores humanitarios a causa de una interpretación demasiado amplia del delito de "terrorismo".

En un comunicado, las organizaciones Human Rights Watch (HRW), Alkarama, Red Euromediterránea de Derechos Humanos, Gulf Centre for Human Rights, Index on Censorship, Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Reporteros sin Fronteras (RSF) y Fundación Samir Kassir han asegurado que la amnistía general del pasado martes, que reduce o elimina las penas de prisión para un alto porcentaje de crímenes, excluye a personas que, "en primer lugar, ni siquiera deberían haber sido detenidas ni procesadas".

Estas personas "fueron detenidas únicamente por ejercer sus derechos fundamentales, como la libertad de reunión y la libertad de expresión, o por ayudar a otros", pero no se han beneficiado de la amnistía decretada por el presidente sirio porque fueron condenadas en aplicación de la actual Ley Antiterrorista, en vigor desde el pasado 2 de julio.

El decreto presidencial de Al Assad, según informó el martes la agencia oficial SANA, concede una amnistía general para los delitos cometidos a partir de marzo de 2011, cuando comenzaron las protestas antigubernamentales, pero excluye expresamente los casos de "terrorismo".

La ley Antiterrorista, recuerdan las ONG, define como terrorismo "cualquier acto cuyo objetivo sea crear un estado de pánico entre la población, desestabilizar la seguridad pública y dañar las infraestructuras básicas del país mediante el uso de armas, municiones, explosivos, material inflamable, productos tóxicos, agentes epidemiológicos o bacteriológicos o cualquier método que cumpla los mismos propósitos".

La ley establece también que determinados actos como la distribución de cierta literatura o de cualquier otra información que contribuyan a "promover el terrorismo" debe ser castigada con trabajos forzados. Aparte, el suministro directo o indirecto de armas, dinero, municiones, explosivos, vías de comunicación, información u "otras cosas" puede ser perseguido como "financiación de terrorismo".

"Las fuerzas de seguridad no deben utilizar los amplios poderes que concede la Ley Antiterrorista para excluir a activistas pacíficos, defensores de Derechos Humanos, trabajadores humanitarios y otros presos políticos de la amnistía", manifestaron las organizaciones firmantes.

OBSERVADORES INDEPENDIENTES

A juicio de las ONG, el Gobierno debe permitir la presencia de observadores independientes de Naciones Unidas en las prisiones de Siria para garantizar que las fuerzas de seguridad no retienen en las cárceles a los activistas que resulten favorecidos por los indultos, como ya sucedió, según denunciaron, con las cuatro amnistías decretadas en 2011 y con las aprobadas en enero y mayo de este año.

"Si el presidente Al Assad se toma en serio su amnistía, debe abrir las puertas de todas las prisiones a los observadores independientes, a fin de que puedan conocer quiénes están encarcelados y por qué", declaró la directora para Oriente Próximo de Human Rights Watch, Sarah Leah Whitson.

"En caso contrario, esta amnistía será una nueva promesa falsa, en la que los presos excarcelados son sustituidos en poco tiempo por otros activistas, trabajadores humanitarios y periodistas detenidos por el ejercicio pacífico de su trabajo", manifestó.