El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España).- Fernando Sánchez - Europa Press
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que este jueves pasa su primer examen en el Congreso, contará "con la financiación necesaria para ser viable y salir adelante".
"Yo hoy con total claridad quiero transmitirle a todos los grupos parlamentarios que estas reformas contarán con la financiación necesaria para ser viables y salir adelante. Es lo que refleja el acuerdo de gobierno que recoge el compromiso de alcanzar un 50% de la financiación de la dependencia en la contribución de la Administración General del Estado", ha prometido Bustinduy.
Así lo ha indicado durante el debate de totalidad del Proyecto de Ley por el que se modifican la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
En concreto, el Congreso vota este jueves una enmienda de devolución de Junts. Por su parte, el PNV ha comunicado esta mañana que, tras negociar con el Gobierno, ha decidido retirar su enmienda a la totalidad, con la que también pedía la devolución del texto por considerar que invadía competencias autonómicas y no quedaba garantizada la financiación.
Según ha precisado Bustinduy, la "triste realidad" es "un pasado de infrafinanciación crónica". "Tenemos que reforzar el sistema al mismo tiempo que lo reformulamos y lo transformamos. Pero yo hoy quiero declarar aquí que tenemos toda la determinación de hacerlo", ha insistido.
En este sentido, ha puesto en valor que, desde el año 2020, la contribución del Estado al sistema de la dependencia "se ha incrementado en un 150%" y "se ha triplicado desde el año 2014". Además, ha destacado que este 2025 se alcanzará "un máximo histórico de más de 3.700 millones de euros".
El ministro ha enfatizado que lo que se debate este jueves es "una ley del país, construida con el empuje, el conocimiento y el talento de las organizaciones sociales, del asociacionismo de los derechos de las personas con discapacidad y en situación de dependencia".
En este sentido, ha hecho un "reconocimiento y agradecimiento explícito" a las asociaciones presentes este jueves en la Cámara Baja, como CERMI, CEOMA, ONCE, Consejo General de Trabajo Social, Plataforma de mayores pensionistas, Plena Inclusión, Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias, entre otras.
Además, ha recordado que hace unas semanas, se aprobó por unanimidad el Decreto Ley de Desarrollo de la Ley ELA, con 500 millones de euros de financiación extraordinaria para garantizar la atención 24 horas para el nuevo grado 3 plus de la dependencia y ha revelado que ese "consenso se ha extendido en estas semanas a un acuerdo unánime con todas las comunidades autónomas en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y de Atención a la Dependencia para el despliegue de la Ley ELA".
"Agradecer a todas las CCAA y a todos los signos políticos. Es un consenso social parecido al que sustentó la reforma del artículo 49 de la Constitución, la propia aprobación de la Ley ELA, la ampliación de permisos de paternidad y cuidados y espero que también la aprobación definitiva de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela", ha precisado.
En este contexto, Bustinduy ha avisado a los grupos que con el arranque de la tramitación de la reforma de discapacidad y dependencia, "tienen oportunidad de prolongar esa senda de avances sociales", y ha precisado que podrá enriquecerse en su tramitación. "Sería un buen mensaje que enviar a la ciudadanía y una gran contribución para mejorar nuestra democracia y nuestro Estado social", ha subrayado.
Para defender la enmienda de devolución, el diputado de Junts Josep María Cruset ha denunciado que este proyecto de ley supone "una contundente invasión competencial" y envía "un mensaje falso" pues "pretende insinuar que Cataluña no es capaz de proteger por sí sola a sus ciudadanos". Además, ha señalado que "más de 100.000 catalanes han muerto en lista de espera" de la dependencia "por falta de recursos del Estado y por mal funcionamiento de la ley de dependencia" y ha añadido que no van a "regalar votos a cambio de una ley nefasta".
Desde el PP, el diputado Enrique Belda ha advertido de que "sin dinero no hay desarrollo de los derechos" sino "solo buenas palabras". "Sin unos Presupuestos Generales del Estado y unos compromisos plurianuales se nos cae todo el edificio de los derechos que están articulando", ha precisado. Además, ha criticado la "prisa" por sacar el "producto legislativo" y ha pedido que "la tramitación se relaje".
Por su parte, el diputado del PSOE Emilio Saez ha ensalzado que es un proyecto "consensuado", que "no vulnera competencias en Cataluña" y aunque ha reconocido que "hacen falta recursos", ha afeado al PP falta de inversión en sus comunidades autónomas. "Los gobiernos del presidente Sánchez han derivado más de 300.000 millones de euros a las CCAA en los últimos años, de los cuales podían haber dedicado más dinero a la discapacidad y a la dependencia en sus comunidades", les ha reprochado.
VOX A JUNTS: "CARROÑEROS DE LOS IMPUESTOS DE LOS ESPAÑOLES"
Mientras, desde Vox, la diputada Rocío De Meer ha criticado la enmienda de Junts y les ha acusado de ser "abanderados del egoísmo, carroñeros de los impuestos de los españoles y ladrones de la identidad colectiva". Si bien, ha añadido que la reforma del Gobierno "no es la que necesita España" pues, a su juicio, "no brinda ninguna ayuda real" y "quienes cuidan van a seguir igual de abandonados y quienes sufren van a seguir sin alivio". "Eso se llama estafa", ha denunciado.
Por otro lado, el diputado de Sumar, Lander Martínez, ha alabado el "esfuerzo" de Derechos Sociales al redactar esta norma que, a su juicio, "respeta con pulcritud el ámbito competencial". "No caben cálculos y no caben ni siquiera bloques, lo que estamos intentando construir es un consenso en torno a la expansión permanente de nuestro sistema de cuidados de larga duración". Además, ha asegurado que durante la tramitación se podrán incorporar mejoras y llegarán "hasta donde se pueda", una afirmación que ha dejado "preocupado" al diputado de Junts.
Mientras, el diputado de ERC Jordi Salvador i Duch ha criticado que la ley "hace grandes promesas" de "grandes mejoras" pero "sin presupuesto". "El menú es bueno, tiene buena pinta, pero al final nos piden que paguemos nosotros. Espero que eso no pase", ha remarcado.
En la misma línea, la diputada de EH Bildu Isabel Pozueta ha avisado de que los derechos que amplía la norma pueden quedar en "papel mojado" sin financiación y espera que el compromiso de Bustinduy "esta vez sí se cumpla". En todo caso, ha asegurado que el proyecto supone "una oportunidad para avanzar en derechos" y ha criticado a las formaciones que "recurren al tema competencial como excusa para frenar avances".
Desde el PNV, la diputada Maribel Vaquero ha explicado que han retirado su enmienda a la totalidad tras llegar a un acuerdo con el Gobierno, con el compromiso de poder incorporar mejoras. "De ello dependerá, señor ministro, nuestro voto al final de la tramitación. Porque a pesar de que el portavoz de Sumar hoy haya afirmado que el texto propuesto respeta el ámbito competencial, esto no es así", ha advertido.
La diputada de Podemos, Noemí Santana ha precisado que su grupo no está de acuerdo "al cien por cien" con el proyecto pero ha defendido que las personas dependientes y discapacidad "no pueden seguir esperando". Además, ha aclarado que "la ministra que revirtió los recortes de la derecha, del señor Rajoy, fue la ministra Ione Belarra" y ha afeado a Bustinduy que "a día de hoy no han subido un céntimo".