GINEBRA, 10 Jun. (Reuters/EP) -
La representante especial del secretario general de la ONU para la Violencia Sexual en los Conflictos, Margot Wallström, ha afirmado este viernes que la violación se utiliza como arma de guerra en conflictos que se desarrollan en distintos lugares del mundo, como Libia, para aterrorizar a la gente y a menudo para obligar a los civiles a huir.
La mayoría de los autores de los actos de violencia sexual no son castigados porque existe una cultura de impunidad en la que las víctimas no obtienen justicia ni reparación, según Wallström. "La violencia sexual se ha convertido en una táctica muy usada por grupos armados porque es más barata y más destructiva que otros métodos de guerra y permite una mayor impunidad", ha declarado en Ginebra.
En su primer discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde que que llegó al cargo, en marzo de 2010, Wallström ha pedido a todos los países donde hay conflictos que impidan este tipo de crímenes de guerra y procesen a los soldados o comandantes sospechosos.
"La violencia contra las mujeres no es más lícita en tiempos de guerra que en tiempos de paz. En los conflictos contemporáneos, las mujeres y las niñas son los principales objetivos de la violencia sexual, también como táctica de guerra", ha asegurado.
La oficina de la representante está elaborando una lista de países que podrían ser objeto de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU en virtud de una resolución aprobada el pasado diciembre, según Wallström.
Probablemente comenzará con República Democrática del Congo, donde al menos 200.000 mujeres y niñas han sido víctimas de abusos, aunque algunas estimaciones multiplican por 20 esa cifra, ha precisado. En Liberia, que se está recuperando de una guerra civil intermitente que duró catorce años, la violación sigue siendo el crimen más denunciado, ha añadido.
LIBIA
Los investigadores del Tribunal Penal Internacional tiene pruebas que vinculan al líder libio, Muamar Gadafi, con la práctica de violar a sus oponentes y podría presentar cargos en su contra por esta cuestión, según informó este miércoles su fiscal jefe, Luis Moreno-Ocampo.
Cherif Bassiouni, jefe de una comisión de investigación de la ONU que ha visitado zonas controladas tanto por el Gobierno de Gadafi como por los rebeldes que quieren derrocarle, ha acusado en su informe a las fuerzas gubernamentales de haber cometido homicidios, torturas y secuestros.
Bassiouni explicó que cada una de las partes ha acusado a la otra de enviar a combatientes que se toman pastillas contra la impotencia a cometer violaciones, generando una "histeria colectiva" en Libia. Pero su equipo solo ha descubierto cuatro supuestos casos: el de Eman al Obaidi, una mujer que afirma haber sido víctima de una violación en grupo cometida por milicianos leales a Gadafi, y los de otras tres mujeres que habrían sufrido abusos sexuales en la ciudad de Misrata.
"¿Podemos sacar la conclusión de que hay una campaña sistemática de violaciones? En mi opinión, no", manifestó Bassiouni. "Por el momento, las cifras son muy pequeñas", ha agregado.
"ES DIFÍCIL DAR UNA CIFRA"
Pero Wallström ha señalado que la información recabada por su oficina coincide con lo que dijo Moreno-Ocampo. "Todo lo que vemos y escuchamos apunta a eso", ha declarado a los medios de comunicación.
"Lo que tenemos son datos coherentes de personas, de organizaciones y de entidades de la ONU que están allí", ha explicado. "Es difícil dar una cifra, pero forma parte del arsenal que usan las fuerzas de Gadafi", ha recalcado.
La representante especial de Ban Ki Moon ha subrayado la importancia de que se deroguen las leyes de Libia y Sudán inspiradas en la ley islámica que permiten castigar a las víctimas de violaciones.
En este contexto, ha dicho que, por ejemplo, en Libia estas víctimas pueden ser azotadas. "A menudo, las mujeres que denuncian una violación pueden ser acusadas de adulterio o corren el riesgo de recibir este tipo de castigo", ha explicado.
En Sudán se permite su lapidación, ha añadido Wallström, que ha insistido en que los líderes políticos deben asegurarse de que las leyes se modernicen para que las mujeres no corran ese tipo de riesgos al denunciar una violación.
"Eso es lo que tienen que analizar para que no haya leyes de la edad de pìedra o que impidan que las mujeres denuncien. Nunca recibirán la información sobre las violaciones si ése es el riesgo que corren las mujeres", ha concluido.