LISBOA, 2 Oct. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Juan Sanhermelando) -
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, pidió hoy que el sistema de alerta para niños desaparecidos que estudia crear la Unión Europea no se base exclusivamente en cauces policiales y judiciales sino que implique también a los medios de comunicación.
"Hay que implicar a los medios de comunicación porque está comprobado que las posibilidades de recuperación de un menor aumentan espectacularmente en función de la celeridad con la que la alarma se ha emitido", dijo Bermejo en rueda de prensa tras participar en la reunión informal de ministros de Justicia que se celebra en Lisboa.
A su juicio, es necesario utilizar "todas las posibilidades que la sociedad mediática ofrece" para que todo el mundo tenga noticia del secuestro y de sus características y para que la sociedad civil colabore con las fuerzas de seguridad en la recuperación de menores.
El ministro de Justicia subrayó no obstante que deben ser los Estados miembros y no la UE los que determinen en qué casos puede hablarse de un secuestro para evitar colapsar el sistema y provocar confusiones.
En este sentido, reclamó distinguir entre desapariciones de menores y las de jóvenes, ya que éstas últimas en el 99% de los casos son voluntarias y se resuelven en escasos días. También abogó por establecer "un plazo razonable antes del cual no debe darse una alarma de secuestro".
Bermejo explicó que ningún Estado miembro se opuso a crear este sistema de alerta rápida para niños desaparecidos aunque precisó que todavía no se ha entrado en los detalles y que los trabajos para ponerlo en marcha se prolongarán más allá de la presidencia portuguesa.
El ministro de Justicia se mostró favorable a integrar este sistema en el futuro portal de justicia electrónica de la UE en forma de registro de niños desaparecidos al que puedan acceder todos los Estados miembros porque "podría significar un punto de relación espléndido para todos nosotros".
Bermejo aseguró que los Veintisiete coinciden en que, en general, no son necesarios nuevos instrumentos legales a escala de la UE para proteger a los niños, sino que hace falta que los Estados miembros "cumplan los deberes", algo que ahora "no se está haciendo".
Las únicas áreas que no están cubiertas adecuadamente y en las que la UE debería actuar son, a su juicio, garantizar una protección uniforme en los Veintisiete a los menores víctimas de un delito, y garantizar la ejecución en todos los Estados miembros de resoluciones de responsabilidad civil derivadas de delitos contra menores.
Respecto al primero de los casos, criticó que en la actualidad "nos podemos encontrar con la implantación de tratamientos psicológicos muy frecuentes en los delitos contra la libertad sexual y que el traslado de un menor a otro Estado miembro signifique que no puede beneficiarse de un tratamiento gratuito", algo que a su juicio hay que corregir.
