UIMP.-Peces-Barba dice que la Ley de Educación de Cataluña debe "dejar una puerta abierta" para los "objetores de conciencia"

SANTANDER, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, Gregorio Peces-Barba, ha afirmado hoy en Santander que la Ley de Educación de Cataluña, aprobada recientemente por el Parlamento catalán y a través de la cual se elude aplicar la tercera hora semanal de castellano, debe "dejar una puerta abierta" para los "objetores de conciencia" que no quieran que sus hijos "vehiculen" su educación en catalán.

Según dijo, también debería "quedar abierta" alguna "posibilidad" para aquellas personas que viven "coyunturalmente" en Cataluña, y cuyos hijos han iniciado su escolarización en castellano, una lengua que, recordó, "hablan 450 millones de personas".

Peces-Barba hizo estas declaraciones en rueda de prensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde dirige esta semana el Seminario 'Los Derechos Humanos en el siglo XXI'.

No obstante, el que fuera uno de los siete padres de la Constitución Española, confesó que no cree que exista ningún "peligro" para el castellano, porque, a su juicio, es "indestructible".

El jurista declaró que el actual Estatuto de Cataluña tiene "posibles inconstitucionalidades", y comentó que le resulta "curioso" el hecho de que "sólo" se recurra el catalán, "y no el del PP de Valencia o el del PSOE en Andalucía". No obstante, vaticinó que el recurso presentado al estatuto catalán "afectará" a estas comunidades.

En este sentido, Peces-Barba aseguró que en la última reforma estatutaria en Cataluña hay "dimensiones excesivas" que el Tribunal Constitucional "tendrá que recortar", bien declarando que un precepto es "inconstitucional" o haciendo una "sentencia interpretativa".

Otro tema estructural que le "chirría" es la "relación bilateral" entre las comunidades autónomas y el Estado que, en su opinión, es una "relación directa contraria a la constitución".

En este sentido, el ex Alto Comisionado para el Apoyo a las Víctimas del Terrorismo se refirió a la financiación autonómica, y se centró en el caso de Cataluña, explicando que "no se puede hacer una relación directa" entre la comunidad catalana y el Estado, porque la financiación "se resuelve en el contexto de distribución de fondos" por parte del Gobierno central entre "todas" las comunidades.