Amnistía advierte de que el cierre de Guantánamo prometido por Obama va con "un año de retraso"

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional (AI) aseguró este lunes que el cierre del centro de detención estadounidense de Guantánamo, prometido por el presidente Barack Obama, va con "un año de retraso". Asimismo, informó de que, transcurridos nueve años desde los primeros traslados, el centro sigue albergando a 173 detenidos, la mayoría de ellos "sin cargos ni juicios".

Mañana, 11 enero, se cumplen nueve años de los primeros traslados de detenidos a Guantánamo y, "pese a que el presidente estadounidense, Barack Obama, anunció el cierre del centro de internamiento para enero de 2010, 173 hombres continúan todavía detenidos", afirmó AI en un comunicado.

"Estos hombres llevan recluidos entre dos años y medio y nueve años, y la mayoría permanecen en la base militar sin cargos ni juicios", prosiguió. "Aunque las condiciones de reclusión han mejorado, algunos todavía permanecen en régimen de aislamiento", y Amnistía Internacional continúa preocupada "por los efectos físicos y psicológicos que puedan tener en estas personas la detención indefinida y prolongada", añadió.

En enero de 2010, el Gobierno de Obama recomendó, en un informe de estudio con vistas al cierre de Guantánamo, que 36 detenidos fueran procesados ante tribunales federales o comisiones militares de Estados Unidos, que otros 48 permanecieran detenidos sin cargos ni juicio y que el resto fueran trasladados de Guantánamo a terceros países.

En la actualidad, el Gobierno estadounidense continúa llevando a cabo juicios ante comisiones militares que, a juicio de AI, no cumplen "las normas internacionales sobre juicios justos". Hasta la fecha, cinco personas han sido declaradas culpables por este sistema: el australiano David Hicks, el sudanés Ibrahim al Qosi, el canadiense Omar Khadr --detenido cuando tenía 15 años de edad-- y los ciudadanos yemeníes Salim Ahmed Hamdan y Ali Hamza al Bahlul.

Por otra parte, recordó Amnistía, el fiscal general estadounidense, Eric Holder, anunció hace más de un año que cinco detenidos iban a ser llevados a Nueva York para ser procesados ante tribunales federales por los atentados del 11 de septiembre de 2001. "Sin embargo, más de un año después los detenidos continúan recluidos en Guantánamo, sin cargos ni juicios", advirtió.

Asimismo, prosiguió AI, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió en junio de 2008 que los detenidos de Guantánamo tenían derecho a acceder "sin demora" a un procedimiento de 'hábeas corpus' ante un tribunal de distrito de Estados Unidos para impugnar la legalidad de su detención. Hasta la fecha se han resuelto un total de 56 recursos por 'hábeas corpus', pero se desconoce cuántos están pendientes, según el comunicado.

Del total de recursos resueltos, se han concedido 37 y desestimado 19 (17 de los 37 recursos aceptados se concedieron a uigures, cuya detención en calidad de "combatientes enemigos" ya no era defendida por el Gobierno del anterior presidente, George W. Bush). De los recursos aceptados, solo 23 personas han sido puestas en libertad y 13 permanecen detenidas, afirmó AI.

ESPAÑA Y OTROS TERCEROS PAÍSES

Por otra parte, Amnistía Internacional calcula que, de todas las personas que continúan detenidas, aproximadamente 20 necesitan protección internacional porque "correrían el riesgo de sufrir nuevas violaciones de Derechos Humanos si son devueltas a sus países de origen". Se desconoce cuántos de estos hombres han recibido la aprobación para su traslado fuera de Guantánamo, según la organización.

Hasta la fecha, 32 ex detenidos han recibido protección internacional en terceros países como Albania, Alemania, Bélgica, Bermudas, Bulgaria, Cabo Verde, Eslovaquia, España, Francia, Georgia, Hungría, Irlanda, Letonia, Palaos, Portugal y Suiza.

España tiene acogidos en su territorio desde el pasado mes de agosto a tres ex detenidos de Guantánamo de nacionalidad yemení, palestina y afgana. Según el comunicado, tras varias gestiones realizadas por Amnistía, el Ministerio del Interior contestó que se les está "facilitando residencia, medios de vida y ayuda para su recuperación física y mental".

Asimismo, el Ministerio aseguró a la organización que "sus familiares conocen su situación y paradero y pueden comunicarse libremente con ellos, si bien se mantiene reserva pública sobre su lugar de residencia para preservar su derecho a la intimidad y su seguridad".