MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este lunes el incumplimiento de los compromisos del Gobierno de Bahréin en materia de Derechos Humanos y ha reclamado, con motivo del primer aniversario del inicio de las protestas, la libertad de las personas detenidas por participar en las manifestaciones y la rendición de cuentas de "todos los responsables" de los abusos cometidos a lo largo de 2011, que causaron la muerte de al menos 55 personas.
En un comunicado, la organización ha recordado que, desde finales de junio de 2011, el Gobierno ha tomado "un número limitado de medidas positivas", que incluyen el levantamiento del estado de excepción, el establecimiento de una comisión independiente de investigación formada por cinco expertos internacionales, la libertad de algunas personas detenidas, la transferencia a los tribunales civiles de todas las causas abiertas ante tribunales militares y la rehabilitación en sus puestos de centenares de trabajadores despedidos.
No obstante, según la organización, en el país se siguen denunciando torturas y otros malos tratos y, de acuerdo con los sindicalistas bahreiníes, aún no han sido readmitidas más de un millar de personas que fueron despedidas durante los disturbios y muchas de las personas que han podido volver a sus trabajos fueron obligadas a firmar declaraciones en las que se comprometían a no manifestarse nuevamente.
Asimismo, prosiguió AI, las fuerzas de seguridad han seguido haciendo un uso excesivo de la fuerza contra las protestas. En concreto, varios manifestantes han muerto desde finales de noviembre de 2011 como consecuencia directa o indirecta del uso indebido de gas lacrimógeno, "que las fuerzas de seguridad utilizan incluso dentro de viviendas cuando entran en ellas en busca de sospechosos".
El pasado 23 de noviembre, la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin presentó su informe al rey y formuló detalladas recomendaciones de orden práctico y legislativo. En el informe confirmó que se habían cometido graves violaciones de Derechos Humanos.
El rey aceptó las conclusiones del informe y estableció una comisión nacional, compuesta por 19 personas --en su mayoría simpatizantes del gobierno-- para supervisar su aplicación. No obstante, según AI, el proceso de aplicación de las recomendaciones está siendo "muy lento" y no está abordando "las cuestiones más importantes".
A comienzos de 2012, el Gobierno aseguró que se había investigado a 48 personas pertenecientes a las fuerzas de seguridad por su participación en la represión de las protestas. No obstante, de acuerdo con la información disponible, "hasta ahora solo se ha llevado a juicio por violaciones de Derechos Humanos a ocho agentes de policía: cinco paquistaníes, un yemení y dos bahreiníes", denunció la organización.
Aparte, "es muy poca la información que se ha hecho pública sobre el alcance de estas investigaciones o el modo en que se han llevado a cabo", añadió. En estas condiciones, advirtió AI, es poco probable que el Gobierno cumpla el plazo para aplicar las recomendaciones de la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin, "que él mismo fijo para finales de febrero".
AL MENOS 55 MUERTOS
Según la organización, al menos 35 personas murieron durante las protestas de febrero y marzo de 2011, entre ellas cinco miembros de las fuerzas de seguridad y tres trabajadores migrantes. Aparte, al menos otras 20 han muerto desde entonces en el contexto de las protestas que siguen organizándose y del uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.
"A pesar de las promesas del Gobierno, las víctimas y sus familias siguen esperando que se haga justicia por las violaciones de Derechos Humanos cometidas desde que comenzaron las protestas hace un año, que incluyen torturas, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza", señaló la directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, Hassiba Hadj Sahraoui.
En el comunicado, Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno que deje en libertad a "todas las personas condenadas o recluidas únicamente por dirigir manifestaciones pacíficas o participar en ellas" y haga rendir cuentas "a todos los responsables de las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas a lo largo del año pasado".
"El Gobierno ha anunciado varias medidas para mejorar la situación de los Derechos Humanos, pero lo cierto es que en las esferas más importantes aún no se ha aplicado ninguna", lamentó Hassiba Hadj Sahraoui. "Solo cuando se deje en libertad a los presos de conciencia y se ponga a disposición judicial a los responsables, incluidos los que dieron las órdenes, podremos juzgar si tales anuncios son algo más que un mero ejercicio de relaciones públicas", agregó.