La ONG critica al Gobierno filipino por su nueva ley antiterrorista y porque sólo unos pocos sospechosos han sido procesados
NUEVA YORK, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
La organización Human Rights Watch (HRW) denunció hoy en un nuevo informe que los grupos islamistas violentos activos en Filipinas se han cobrado la vida de más de 1.700 personas en explosiones y otros atentados, así como secuestros y ejecuciones, principalmente en Mindanao, Basilán, Jolo y otras islas del sur del archipiélago, desde el año 2000.
El informe 'Vidas destruidas: los atentados contra civiles en Filipinas' contiene relatos personales y fotografías de los lugares en que se produjeron los atentados, así como de las víctimas de estos atentados y sus familiares.
Según la ONG, el grupo Abú Sayyaf y el Movimiento Rajah Solaiman (MRS), ambos radicados en el sur de Filipinas, están implicados o se han responsabilizado de la mayoría de los atentados que se describen en el informe. El MRS, explica el comunicado, está integrado por conversos al Islam e íntimamente vinculado a Abú Sayyaf. Ambos grupos persiguen pretendidamente expulsar a los cristianos de Mindanao y de las islas Sulu y "restaurar" un régimen islámico en Filipinas.
"Los grupos armados extremistas han sembrado el terror entre los civiles en Filipinas", denunció el investigador principal de HRW sobre terrorismo y antiterrorismo, John Sifton, subrayando que "han hecho estallar bombas en autobuses que transportaban trabajadores, en mercados de comida donde había gente comprando, en aeropuertos donde los familiares estaban esperando a sus seres queridos y en transbordadores que llevaban familias".
"Abu Sayyaf y Rajah Solaiman han cometido crímenes a escala masiva", resaltó Sifton, recordando que "han atentado con bombas intencionadamente contra la población civil, han secuestrado a trabajadores corrientes y los han decapitado, y han obtenido dinero extorsionando a pequeños negocios".
Según HRW, ambos grupos mantienen vínculos con miembros actuales o antiguos de la Jemáa Islamiya, el grupo terrorista regional detrás de los atentados de Bali de 2002. Además, recoge el informe, algunos funcionarios del Gobierno filipino aseguran que elementos del Frente de Liberación Moro Islámico (MILF) y del Frente de Liberación Nacional Moro (MLNF) han proporcionado refugio o ayuda durante los últimos años a miembros de los tres grupos islamistas citados previamente.
No obstante, señala la ONG, desde 2003, los dirigentes del MILF y del MLNF "parecen haber cortado considerablemente los lazos con la Jemáa Islamiya, han condenado la violencia contra los civiles y han colaborado de forma activa con las fuerzas armadas filipinas en operaciones contra estos tres grupos", si bien no se descarta que ciertos comandantes "solitarios" de ambos grupos y los llamados "comandos perdidos" hayan seguido ofreciendo refugio y ayudando a miembros de Abú Sayyaf, el MRS y la Jemáa Islamiya.
En el documento, HRW resalta que el número de víctimas en los últimos siete años supera al número de personas muertas o heridas en los atentados con bomba registrados durante el mismo período en Indonesia --incluidos los 202 muertos de los atentados de Bali de 2002-- y es notablemente superior al número de muertos y heridos en los atentados de Marruecos, España, Turquía y Reino Unido. Sin embargo, lamenta la ONG, "la magnitud de la violencia no ha sido objeto de una atención generalizada fuera de la región".
CRITICAS AL GOBIERNO
Asimismo, la ONG reprocha al Gobierno filipino de no procesar a los autores de los atentados, subrayando que aunque desde 2000 se ha detenido a numerosos sospechosos de participar en atentados con bomba, muy pocos de ellos han sido llevados a juicio con éxito, y en algunos casos el procesamiento se ha llegado a retrasar más de cuatro años.
En este sentido, HRW critica la reciente promulgación de una nueva ley antiterrorista, la Ley de Seguridad Humana, que, estima, contiene peligrosas disposiciones que violan las normas sobre Derechos Humanos y amplían las competencias gubernamentales para detener a los sospechosos de terrorismo indefinidamente. Según la organización internacional, la legislación penal vigente es más que suficiente para enjuiciar los actos de terrorismo.
"Filipinas no necesita una nueva ley antiterrorista de carácter abusivo", señaló Sifton. "El Gobierno no está aplicando las leyes de las que ya dispone, así que ¿para qué necesita nuevas disposiciones que violan los Derechos Humanos?", se preguntó.
Ante esta situación, HRW hizo hoy un llamamiento al Ministerio de Justicia filipino para que se reinicien los procesamientos y se celebren juicios justos y públicos. Asimismo, pidió a Estados Unidos y otros países interesados que presten su colaboración en las negociaciones de paz en curso entre el Gobierno filipino y los dirigentes musulmanes, para contribuir a garantizar la estabilidad de los acuerdos entre Manila y el MILF y el MNLF y para promover el respeto a los Derechos Humanos, incluida la protección de la población civil.
"Para acabar con las bombas, con los secuestros y con otras formas de violencia es necesario que los demás gobiernos presionen a los dirigentes filipinos (tanto en Manila como en Mindanao) para que dediquen mayores esfuerzos a proteger la vida de la población civil", concluyó Sifton.
