JARTUM, 20 Sep. (EP/AP) -
El Gobierno de Sudán ha comenzado los trámites para presentar una demanda por difamación contra Amnistía Internacional, en relación a un informe de la ONG sobre la tortura contra prisiones políticos en el país, informó el ministro sudanés de Justicia, Mohamed Ali al Mardi.
La organización de defensa de los Derechos Humanos denunció la pasada semana en un comunicado que ocho hombres detenidos por supuestamente organizar un golpe de Estado permanecían en una prisión de Jartum, "donde habían sido torturados y necesitaban una inmediata atención médica". Según AI, miembros de la seguridad sudanesa daban golpes en las uñas de los prisioneros, les aplastaban los testículos y les golpeaban en la cabeza con barras de metal.
"Estamos presentando una demanda contra ellos por difamación", aseguró el ministro de Justicia a AP, refiriéndose a la organización internacional, que tiene su sede en Nueva York. Al Mardi no precisó en qué tribunal se ha presentado la demanda. Tampoco quiso hacer ningún comentario sobre unas informaciones publicadas en los medios sudaneses, según las cuales el Gobierno habría pedido a Interpol que arreste al director de Amnistía.
Una portavoz de la organización, Eliane Drakopoulos, aseguró conocer la amenaza de Sudán de tomar acciones legales contra ellos, pero dijo que por el momento no han recibido ninguna notificación formal.
"Creemos que es escandaloso que en vez de iniciar una investigación sobre estas serias acusaciones de tortura, el Gobierno esté intentando de silenciarnos iniciando procedimientos criminales", explicó Drakopoulos.
Además de Sudán, Togo y Libia también han amenazado en alguna ocasión con tomar medidas legales contra Amnistía Internacional, indicó la portavoz. Sin embargo, Togo desistió después. Para Drakopoulos, la acción de Jartum es "otro ejemplo de la campaña de Sudán contra los activistas pro Derechos Humanos". En los últimos años, las autoridades sudanesas han detenido a más de 20.
Los ocho hombres que fueron presuntamente torturados son políticos de oposición que estuvieron en el Ejército, y forman parte de un grupo de 40 personas detenidas el pasado julio. El Gobierno les acusa de haber organizado un "sabotaje" para derrocar al régimen con ayuda del exterior. Hasta ahora, las autoridades no han presentado ninguna prueba para sostener sus acusaciones.
