NUEVA YORK, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
La organización Human Rights Watch (HRW) pidió hoy al Gobierno de Azerbaiyán que retire inmediatamente el juicio (previsto para el 23 de enero) por difamación, en el que se acusa a la activista Leyla Yunus de "insultar" al ministro de Asuntos Internos y causar "daños morales" a la reputación de la Policía en una entrevista para los medios, según publicó la organización.
"Una sentencia contra Yunus sentaría un terrible precedente para la libertad de expresión en Azerbaiyán", subrayó Rachel Denber, directora de HRW para Asia y Europa en un comunicado. "El Gobierno debería retirar el caso contra ella inmediatamente", añadió.
Durante los dos últimos años, el Gobierno azerí ha minado la libertad de expresión en el país, encarcelando a directores y periodistas críticos con su gestión, intimidando a los defensores de los Derechos Humanos, y cerrando periódicos y organizaciones humanitarias. En julio de 2007, el partido progubernamental Musavat Moderno hizo una protesta a las puertas del Instituto para la Paz y la Democracia, organización humanitaria que dirige Yunus, en la que tiraron huevos y tomates y gritaron comentarios ofensivos.
Yunus seguía el juicio de varios hombres acusados de secuestrar a dos hermanas pequeñas en 2005. Uno de los demandados confesó el crimen y dijo que había entregado las niñas a un alto oficial en el cuerpo de la Policía local. En el juicio, el mismo demandado dijo que la Policía le torturó para intentar obligarle a cambiar su testimonio sobre la presunta participación del agente.
En la entrevista, publicada por la página web de noticias Day.Az en diciembre de 2008, Yunus clamó por un aplazamiento del juicio para pedir al oficial acusado que llevara pruebas y por el hecho de que las acusaciones de torturas de los agentes hacia los detenidos fueran ignoradas. La activista hizo una ligera comparación de esta situación con las prácticas de la Policía en México y Nigeria, y mencionó un caso anterior de secuestro en el cual varios representantes del Ministerio de Asuntos Internos, incluído el viceministro, fueron encontrados culpables y sentenciados a largos periodos de cárcel.
La reclamación del Ministerio de Asuntos Internos contra Yunus alegó que, en base a esos documentos, ella insultó "de manera infundada" al ministro durante una investigación en curso y que su comparación de las fuerzas policiales del país con las de México y Nigeria "no estaba confirmada por fuentes oficiales" y había causado daños morales a la "reputación profesional" de la Policía azerí.
"Cuando se hicieron oficiales las alegaciones de participación en el secuestro, la gente mostró interés por conocer qué se ha hecho para investigarlo", dijo Denber. "El Gobierno de Azerbaiyán debería centrarse en conseguir que la justicia funcione en vez de dirigirla a los activistas por sus legítimas críticas", añadió.
Las declaraciones de Yunus simplemente repitieron lo que el acusado dijo durante el juicio abierto. El Derecho azerí no expone límites sobre cómo se puede usar la información obtenida de un juicio abierto. La referencia de Yunus a las prácticas policiales en otros países fue una opinión propia, basada en las experiencias que le contó un amigo. La información sobre las prácticas en otros países no necesita venir de "fuentes oficiales" para ser una expresión protegida bajo las leyes de Derechos Humanos.
