GINEBRA, 6 Feb. (Reuters/EP) -
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) instó este viernes a Estados Unidos a retirar su oposición a que se hagan públicos los documentos sobre las presuntas torturas a un preso de Guantánamo con residencia en Reino Unido.
El grupo, con sede en Ginebra, cuyo equipo de 60 juristas trabaja por el cumplimiento del Derecho Internacional, consideró que la ocultación de la información está anulando responsabilidades por un delito de torturas.
Por otro lado, señaló que el caso ofrece una oportunidad al nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para romper con el legado de la 'guerra contra el terror' de su predecesor, George W. Bush.
Hace dos días, el Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido emitió un dictamen sobre los documentos en el cual acusó a Estados Unidos de amenazar con poner fin a la cooperación en materia de Inteligencia con Reino Unido si eran desvelados.
El ministro de Exteriores de Reino Unido, David Miliband, defendió ayer ante la Cámara de los Comunes la decisión de no divulgar los documentos, pero negó que hubiera habido amenazas por parte de Estados Unidos.
En una declaración, la CIJ instó a la nueva Administración estadounidense a "desviarse de la política de la anterior Administración y retirar sus objeciones a la revelación de la información en los tribunales ingleses".
"La nueva Administración de Estados Unidos ha señalado su deseo de romper de forma decisiva con las políticas antiterroristas del pasado, incluido el consentimiento de la tortura y del maltrato, y reafirmar el imperio de la ley en la lucha contra el terrorismo. Este caso pone a prueba la firmeza de estas intenciones", añade la declaración.
El origen del caso de los documentos secretos de Estados Unidos se encuentra en la solicitud presentada al Supremo por los medios de comunicación británicos para que revelara las pruebas que el Gobierno británico oculta sobre el tratamiento que recibió el preso Binyam Mohamed. Mohamed, etíope, de 30 años, que residía en Reino Unido, denunció las torturas y acusó de complicidad a los servicios de Inteligencia británicas.
Ambos Gobiernos deben trabajar juntos para permitir que esta información sea divulgada, según el grupo de juristas encabezado por la ex presidenta de Irlanda Mary Robinson.
"El Tribunal ha dejado claro que considera que la no revelación de las pruebas no concuerda con el imperio de la ley y de los valores democráticos. Por eso, ser forzado a actuar contra esos principios socava el papel y la independencia de los tribunales", afirmó el CIJ.
El Gobierno británico y la Administración estadounidense tienen que garantizar la independencia de los tribunales, y que su capacidad para revelar información esencial para la rendición de responsabilidades por los delitos de tortura no sea minada por amenazas, agregó
(EUROPA PRESS INTERNACIONAL)
