MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, un programa conjunto de la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), ha anunciado este miércoles el envío a Bahréin de una misión de observación para supervisar la apertura del periodo de apelación en el caso contra el activista Nabil Rajab, presidente del Centro por los Derechos Humanos de Bahréin (BCHR), condenado a tres años de cárcel por participar en manifestaciones pacíficas.
El observatorio ha expresado su "grave preocupación" por la "continuación de la política de silenciamiento y criminalización de las actividades legítimas en favor de los Derechos Humanos" en el país.
Rajab había sido llamado a declarar por la fiscalía en reiteradas ocasiones en los últimos meses y permaneció detenido entre el 5 y el 28 de mayo y de nuevo a partir del 6 de junio a causa de unas afirmaciones que hizo a través de su cuenta de Twitter en las que pidió la dimisión del primer ministro, Jalifa bin Salman Al Jalifa. Actualmente, cumplía una pena de tres meses de cárcel por las críticas en la red social.
El 10 de septiembre, un tribunal de apelaciones bahreiní rechazó las peticiones presentadas por el abogado de Rajab --quien es también vicesecretario general de la FIDH-- para que el activista fuera liberado hasta la siguiente vista, que se celebrará el 27 de septiembre. Además, rechazó que se contemplaran las acusaciones contra las fuerzas de seguridad por malos tratos contra el detenido.
En la reapertura del juicio está previsto que se examinen las pruebas presentadas contra Rajab y que los testigos presenten testimonio contra el activista. Rajab fue condenado en agosto a tres años de cárcel por haber participado en protestas contra el Gobierno bahreiní, según informó su abogado, Mohamed al Jishi. Al Jishi explicó que Rajab ha sido condenado a un año de cárcel por cada manifestación en al que ha participado, hasta las tres en las que se ha demostrado que estuvo presente.
La semana pasada, un nuevo caso volvió a provocar las críticas de la comunidad internacional tras la confirmación por parte de un tribunal civil de las condenas dictadas por una corte marcial contra una veintena de líderes de las movilizaciones antigubernamentales de 2011, a los que se acusa de conspirar para derrocar la monarquía y de colaborar con países como Irán, uno de sus principales enemigos.
El Tribunal Superior de Apelación confirmó así las penas dictadas contra "trece acusados de participar en un complot para derrocar al régimen y que contaron con contactos de inteligencia extranjeros e infringieron la Constitución". Asimismo, el tribunal condenó a seis de ellos por "establecer contactos de inteligencia" con otro país para llevar a cabo "actos hostiles" contra Bahréin.
Según explicó un responsable de la Fiscalía, Wael Boualai, todos ellos mantuvieron "contactos de inteligencia" con Irán y con el partido-milicia chií libanés Hezbolá, que cuenta con el respaldo de Teherán. El veredicto, indicó, demuestra que "algunos de los acusados mantuvieron relaciones y trataron de mantener relaciones y contactos de inteligencia con una organización extranjera, Hezbolá, que trabaja por los intereses de Irán".
Las condenas incluyen ocho penas de cadena perpetua, entre ellas las dictadas contra el conocido activista Abdulhadi al Jawaja y contra el dirigente opositor Hassan Mushaimaa, quien ha reclamado el fin de la monarquía y la proclamación de la república.
Aparte, el dirigente opositor suní Ibrahim Sharif cumple una pena de cinco años. Siete de los 21 condenados inicialmente fueron juzgados en ausencia, entre ellos el 'bloguero' Ali Abdulemam, sentenciado a quince años de cárcel y actualmente escondido. Los abogados de la defensa han anunciado que el fallo del tribunal civil aún podría ser recurrido.
Los trece que están en prisión se han negado a estar presentes en la audiencia de hoy en protesta por la celebración de las anteriores a puerta cerrada y durante las cuales presentaron sus pruebas y han denunciado que fueron objeto de abusos bajo custodia para obligarles a confesar durante el proceso militar, según ha indicado su abogado, Mohamed al Jishi.
CONTEXTO POLÍTICO
El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente durante el último año las protestas pro democráticas en el territorio. Manama ha impuesto la ley marcial y ha pedido la entrada de tropas saudíes y emiratíes para controlar las protestas y aplastar las manifestaciones.
La oposición ha denunciado las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras(RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.
En los últimos meses, las autoridades del país han negado el permiso a decenas de peticiones de manifestación presentadas por el partido Wefaq. En todos los casos han alegado motivos de seguridad y han hecho referencia a la ley sobre asambleas y manifestaciones para justificar su decisión. Asimismo, el Gobierno ha argumentado en varias ocasiones que ya había dado permiso a numerosas manifestaciones durante este año, por lo que no veía motivos para seguir autorizándolas.
