La reforma de dependencia y discapacidad encara su primer examen en el Congreso con PNV y Junts pidiendo su devolución

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados debatirá el próximo jueves 11 de diciembre la toma en consideración de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, aspira a que salga adelante con un "amplio consenso" pese a que PNV y Junts piden su devolución.

En declaraciones a los medios de comunicación, este jueves, en el marco de una reunión con la asociación Plena Inclusión España, entidad representante de las personas con discapacidad intelectual, Bustinduy ha señalado que aspiran a lograr un amplio consenso para esta reforma.

"Se aproxima un día muy importante. El próximo día 11, el jueves de la semana que viene, en el Congreso de los Diputados se votará el inicio de la tramitación parlamentaria de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad", ha avanzado el ministro de Derechos Sociales.

Bustinduy ha precisado que estas "no son unas reformas del Ministerio de Derechos Sociales ni del Gobierno de España" sino "del país en su conjunto" y ha asegurado que cuentan con un "amplísimo consenso social" entre las organizaciones de la discapacidad y de dependencia, con las que han trabajado mano a mano.

Por ello, ha señalado que están trabajando "con total determinación" para que el inicio de la tramitación la semana que viene refleje "un consenso igual de amplio" que la reforma del artículo 49 de la Constitución u otras iniciativas, como por ejemplo la ley ELA o el Real Decreto Ley de inyección extraordinaria de 500 millones de euros en el sistema de la dependencia.

"Es una semana para reivindicar precisamente que España ha enviado un mensaje muy positivo como país con la primera reforma social de nuestra Constitución, la reforma del artículo 49, que nos mandata a aterrizar en políticas públicas, en la vida cotidiana de más de 4 millones de compatriotas, todas las mejoras de nuestro orden constitucional que ese artículo ha plasmado", ha insistido.

Además, se ha comprometido a que "a la vez que se aprueben esas reformas", haya "una mejora sustantiva de la financiación del sistema de la dependencia".

"Y reitero ese mensaje: Aspiro a que en la votación de la semana que viene en el Congreso se refleje el mismo consenso social que tienen estas reformas y que creo que van a suponer la gran reforma social para España en esta legislatura y una mejora de la democracia española", ha zanjado.

Según ha recordado el Ministerio de Derechos Sociales, la norma incorpora la accesibilidad universal como un derecho y una obligación de todos los poderes públicos y contiene medidas destinadas a agilizar y desburocratizar los procesos administrativos vinculados a la dependencia y la discapacidad.

Para avanzar en la autonomía de las personas con discapacidad y fomentar su inserción laboral, la ley también permite compatibilizar el acceso al empleo con los servicios y prestaciones del sistema, algo que desde la asociación Plena Inclusión han valorado positivamente recordando que en España, 8 de cada 10 personas con discapacidad intelectual no tienen un trabajo remunerado.

Además, el proyecto de ley va a ampliar el catálogo de servicios y prestaciones para las personas en situación de dependencia y las que tienen una discapacidad; va a suprimir el régimen de incompatibilidades en las prestaciones que se introdujo en el año 2012 y va a eliminar el plazo suspensivo máximo de dos años en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.

De esta manera, el Ministerio de Derechos Sociales destaca que la reforma de ambas normas al mismo tiempo va a permitir "avanzar en la transformación del modelo de cuidados" para "dejar atrás el modelo asistencialista y acercarse más a un modelo que se adapte a las preferencias y necesidades de las personas".