Chaves se hace "responsable" de la "demora" en evaluar la Ley de Dependencia y se compromete a "normalizarla en 3 meses"

SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, se declaró hoy "responsable" de la "demora" que acumula la administración autonómica en la evaluación de solicitudes presentadas en la comunidad para acogerse a la Ley de Atención a la Dependencia, se comprometió a "normalizar" la situación "en el plazo de tres meses" para que la aplicación de la norma alcance la "velocidad de crucero" y garantizó que todas las resoluciones que se adopten "tendrán efecto retroactivo desde la presentación de la solicitud".

Chaves respondió en la sesión de control al gobierno del Parlamento andaluz a sendas preguntas sobre la aplicación de la Ley de Dependencia de la presidenta del Grupo Popular, Teófila Martínez, y la portavoz de IULV-CA, Concha Caballero, que coincidieron en criticar la "improvisación" de la Junta en la evaluación de solicitudes y rechazaron que garantizar la retroactividad de las ayudas desde el momento de su presentación sea la "solución" para los solicitantes.

El jefe del Ejecutivo andaluz inició su intervención ofreciendo datos actualizados sobre la aplicación de la Ley de Dependencia, que registran 73.479 solicitudes presentadas, de las que 34.939 ya han sido evaluadas, mientras que 9.485 personas ya tienen una prestación reconocida y a otras 9.000 se les está elaborando un plan individual de atención. Según destacó, estas cifran sitúan a Andalucía como "responsable" de más de la mitad de la gestión desarrollada a nivel nacional en aplicación de la Ley de Dependencia, ya que concentra el 55% de las valoraciones y 58% de los dictámenes y de las prestaciones reconocidas.

Chaves admitió "demora y retrasos" a la hora de evaluar solicitudes, "y yo me hago responsable de ella", pero señaló que "ya estamos reforzando todos los servicios para que en el plazo de tres meses se normalice toda la situación" y la aplicación de la Ley de Dependencia "alcance la velocidad de crucero". Garantizó que se atenderán "todas las solicitudes", así como que todas las resoluciones que se adopten "tendrán efecto retroactivo desde su presentación", ya que no existen "problemas de disponibilidad financiera" y todas las partidas asignadas a este capítulo en los Presupuestos de la Junta para 2008 tienen "carácter ampliable".

Frente a las críticas de la oposición, el presidente de la Junta rechazó que haya existido "improvisación", sino "demora" en el proceso de evaluación fruto del "desbordamiento" en el número de solicitudes, algo que atribuyó a que no se han limitado a los grandes dependientes con derecho a percibir la prestación este mismo año, sino que también se han registrado solicitudes de otros grados de dependencia.

PP: "IMPROVISACIÓN Y PUBLICIDAD ENGAÑOSA".

Por contra, la presidenta del Grupo Popular, Teófila Martínez, criticó a la Junta su "improvisación" en la aplicación de la Ley de Dependencia y su "campaña engañosa de publicidad anunciando ayudas de forma inmediata" cuando la administración autonómica ha mostrado "falta de diligencia" en un procedimiento de valoración "lento y caótico" como resultado de la "falta de recursos".

Martínez rechazó que la "solución fantástica" al retraso en la evaluación sea la "retroactividad" de las ayudas, ya que señaló que "el sufrimiento de las personas con dependencia no es retroactivo" y puso de manifiesto que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "le ha dejado un marrón para poder presumir de políticas sociales le ha dejado un marrón que con un Gobierno del PP sería motivo de confrontación y le hubiera situado al frente de una cruzada para reclamar más fondos a la administración central".

En su opinión, el retraso en la evaluación de solicitudes sirve a la Junta de "coartada perfecta para no hacer el desembolso necesario" para aplicar la Ley de Dependencia en 2007. Chaves le reprochó que ante una "ley compleja con un arranque difícil" se dedique a "repetir su cantinela de que 'todo está mal' en Andalucía" y le advirtió de que también los ayuntamientos, "incluido el de Cádiz", han registrado "demoras y retrasos" en la evaluación de la Ley de Dependencia, aunque admitió que la Junta tiene un "plus de responsabilidad" en esta materia.

En su réplica, Teófila Martínez llegó a llamar "inútiles" a los socialistas por la gestión desarrollada en esta materia y criticó que Rodríguez Zapatero se declare "orgulloso de cómo aplica la Ley de Dependencia el Gobierno andaluz cuando sólo 45 familias recibirán en breve las ayudas". Chaves le replicó pidiendo "respeto" porque "no tiene derecho a llamar inútiles a los demás" y emplazándola a aclarar cómo valora la actuación de comunidades gobernadas por el PP como Madrid o Murcia que tienen "su casillero a cero" respecto a la Ley de Dependencia.

IU ANIMA A ACUDIR A LOS TRIBUNALES.

Por su parte, la portavoz de IULV-CA, Concha Caballero, lanzó un mensaje a los andaluces para que "vayan a los tribunales de forma masiva y urgente" para exigir la aplicación de la Ley, que prevé la atención en este año a las personas con gran dependencia, y señaló el retraso acumulado por el Gobierno andaluz en el proceso de evaluación "es peor que un socavón o que un descarrilamiento de trenes de Cercanías".

Tras señalar a Chaves como "responsable" de esta situación, Caballero indicó que "si hubieran hecho los deberes antes de la aprobación de la Ley de Dependencia, estos problemas no se estarían produciendo" y criticó que "la política social de la Junta tiene mucho de propaganda y muy poco de realidad".

"¿Qué retroactividad cabe para personas a las que no se reconoce ya su derecho a una plaza de residencia, una pequeña indemnización económica?", se preguntó la portavoz parlamentaria de IU, que lamentó que, "tras la aprobación del Estatuto y tantas palabras dichas en la propaganda, la Junta sólo destine 300 millones de euros más a políticas sociales respecto al inicio de la legislatura".

Chaves replicó a Caballero destacando que los Presupuestos de la Junta para 2008 destinan en torno al 70% a políticas sociales, lo que supone "2,1 millones de euros a la hora en gasto social", y se mostró de acuerdo con que los ciudadanos "puedan acudir a los tribunales porque estamos en un Estado de Derecho", aunque criticó que IULV-CA pretenda presentar como "generalizada" una situación que se limita "a unos pocos expedientes".