El juez Pedraz culmina su toma de declaraciones de su investigación sobre la última represión china en el Tibet
MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
We Jin Gsheng, conocido como "el padre de la democracia china" y candidato en varias ocasiones al premio Nóbel de la paz tras permanecer durante años en cárceles del país asiático por su condición de disidente, declaró hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acerca de las prácticas del régimen comunista chino hacía sus presos políticos.
El magistrado cerró así su toma de declaraciones iniciadas las semana pasada en el marco de su investigación sobre la posible comisión de delitos de lesa humanidad en marzo de 2008 contra la población tibetana por parte de distintos miembros del Gobierno chino.
Jin Gsheng, de 58 años de edad y nacido en china, declaró esta mañana durante una hora en el Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional donde explicó al juez el trato que el politburó chino dispensa a los presos políticos que defienden la independencia del Tibet, según explicaron fuentes jurídicas.
La mismas fuentes consultadas indicaron cómo Gsheng, defensor de la causa tibetana, relató que en el régimen chino nada se hace sin la autorización del presidente del país y confirmó que la totalidad de los detenidos por cuestiones políticas son sometidos a diversas prácticas de torturas, incluidos algunos presos comunes.
La causa, admitida a trámite por el juez en agosto, está dirigida contra el actual ministro de Defensa chino, Lian Guanglie; el ministro de Seguridad del Estado y viceministro de Seguridad, Geng Huichang; el secretario del Partido Comunista chino en la Región Autónoma de Tíbet, Zhang Qingli; el miembro activo del 'Politburó' en Beijing, Wang Lequan; el líder de la Comisión de Asuntos Etnicos, Li Dezhu; el general Tong Guishan, comandante del Ejército de Liberación Popular de la capital del Tíbet (Lhasa); y el general Zhan Guihua, comisario político del comando militar de Chengdu.
El pasado 5 de agosto, Pedraz aceptó la competencia de la jurisdicción española para investigar los hechos al entender que podrían constituir "delitos de lesa humanidad contra la población tibetana". Según las asociaciones querellantes, las autoridades chinas causaron "al menos 203 muertos, más de 1.000 lesionados graves y 5.972 detenidos ilegales y desaparecidos".
"MATANZA SISTEMÁTICA Y GENERALIZADA"
Los querellantes que impulsaron esta causa judicial en la Audiencia Nacional aseguran que los siete altos cargos del Gobierno chino dirigieron "una matanza sistemática y generalizada" contra la población tibetana así como la realización de "lesiones graves, torturas y desapariciones forzadas" que fueron cometidas desde el 10 de marzo de 2008.
En su escrito, les imputan "la supuesta acusación intencionada de muerte o legiones graves, la desaparición forzada, la detención y privación de libertad con infracción de las normas internacionales al efecto y las torturas denunciadas", lo que convertiría al pueblo tibetano en "un grupo o colectivo perseguido" por las autoridades chinas "por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional".
