MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un informe editado por la Fundación Alternativas y elaborado por el sociólogo Antonio Jiménez Lara ha puesto de manifiesto la necesidad de que el Ministerio de Sanidad y Consumo trabaje en la prevención de la dependencia y en su inclusión en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en coordinación con los servicios sociales.
De este modo, Jiménez Lara destacó que con la aprobación de la Ley de la Dependencia se ha dado una respuesta jurídica a un colectivo que ahora necesita de la coordinación entre el sistema sanitario y social para la atención que las personas dependientes necesitan se lleve a cabo. "Quizá haya que esperar a la próxima legislatura para que esta ley termine de ponerse en marcha --explicó-- aunque al menos debe haber una voluntad política clara que la garantice".
Según indica el informe, la atención a la dependencia debe tener una fase previa constituida por las políticas de prevención, detección precoz, atención temprana y rehabilitación, que deben ser asumidas como "una clara prioridad por el Sistema Nacional de Salud".
Para ello, es necesario que el sector de la salud incorpore como prioridad la investigación epidemiológica de las situaciones de dependencia, dirigida a conocer sus causas mediatas e inmediatas, identificar factores y perfiles de riesgo y validar la eficacia de las intervenciones preventivas.
La enfermedad común es "muy importante" como factor generador de discapacidad y, por tanto, de dependencia. De hecho, en el informe se indica que procesos como la artritis reumatoide, las afecciones cardíacas, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades mentales son los principales causantes de las discapacidades en la población española.
UN ESPACIO SOCIOSANITARIO COMÚN.
Por otro lado, Jiménez Lara también insistió en la necesidad de incrementar los esfuerzos dirigidos a constituir un espacio sociosanitario que garantice la continuidad de los cuidados que necesitan las personas dependientes.
Para ello, se debería articular un espacio sociosanitario virtual, basado en un esquema de gestión de casos, en el que el gestor de cada caso concreto, al margen de su dependencia administrativa, sanitaria o social, pueda coordinar los cuidados sociosanitarios que en cada caso se precisen, con la participación de la persona dependiente o de su familia.
El objetivo sería, según este experto, el de transformar el actual modelo de competencias fragmentadas en un modelo de responsabilidad compartida centrado en las necesidades del usuario, a través de una visión comunitaria de la asistencia sanitaria y la atención social.
La puesta en marcha de la Ley de Dependencia "requiere un esfuerzo de recalificación de recursos humanos y una mejora en sus contribuciones económicas", según Jiménez Lara, que destacó que entre los más de 200.000 puestos de trabajo que se crearán se incluyen más de 15.000 profesionales de alta cualificación, tales como médicos, enfermeros o psicólogos.