DACCA, 5 Oct. (Reuters/EP) -
Varios activistas pro Derechos Humanos de Bangladesh han acusado al ministro de Transporte, Shahjahan Jan, de apoyar las ejecuciones extrajudiciales como una forma de controlar el aumento del crimen, según unas declaraciones recientes, motivo por el cual han pedido al Gobierno del país una explicación sobre su postura respecto a estas muertes.
Jan afirmó el pasado sábado que "a los criminales se les debería matar en el fuego cruzado" ya que no es posible a menudo juzgarlos en virtud de la legislación actual. El denominado 'fuego cruzado' es una expresión utilizada por los departamentos encargados de cumplir la ley en Bangladesh para justificar las ejecuciones extrajudiciales.
La ministra del Interior, Shahara Jatun, también defendió las muertes por fuego cruzado, afirmando que la Policía tiene el derecho para defenderse cuando los delincuentes abren fuego, aunque declaró que estas muertes deben ser investigadas.
La organización defensora de los Derechos Humanos Ain-o-Salish Kendra pidió hoy una aclaración del Gobierno por si los puntos de vista de sus ministros se reflejan en su propia posición.
"Debe tomarse seriamente, porque quien hizo esos comentarios ha sido gente con responsabilidad en el Gobierno", indicó el director ejecutivo de esta organización, Sultana Kamal. "Si el Gobierno no realiza una aclaración, asumiremos que se ha echado atrás respecto a su promesa de 'tolerancia cero' con las ejecuciones extrajudiciales", añadió.
Los incidentes por fuego cruzado se incrementaron con rapidez después de que el Gobierno de la ex primera ministra Jaleda Zia lanzara la "Operación Corazón Limpio" durante su segundo mandato desde 2001 para afrontar el aumento del crimen, pero provocó ciertas críticas porque algunas muertes por fuego cruzado parecían estar vinculadas a rivalidades políticas e incluso personales.
Después de su elección en diciembre de 2008, la actual primera ministra, Seij Hasina, prometió terminar con las ejecuciones extrajudiciales y restaurar el Estado de Derecho. Otro grupo pro Derechos Humanos, Odhikar, acusó a las agencias encargadas con cumplir la ley de matar al menos a 97 personas mientras estaban bajo custodia durante los últimos nueve meses.
El diario 'New Age' indica que al menos 1.142 personas han muerto a manos del Batallón de Acción Rápida por estas acciones desde que el batallón comenzara sus operaciones en junio de 2004.
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