BRUSELAS, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo han logrado esta madrugada un principio de acuerdo sobre la nueva norma que regulará la autorización del cultivo y comercio de organismos genéticamente modificados (OGM), y que permitirá a los gobiernos nacionales vetar en su territorio un transgénico incluso cuando haya sido autorizado a nivel europeo.
"Si se confirma el acuerdo, los Estados miembros tendrán la última palabra sobre si un OGM podrá ser cultivado o no en su territorio, con lo que se tiene más en cuenta el contexto nacional y la opinión de sus ciudadanos", ha celebrado el comisario de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis.
El comisario ha destacado que la nueva norma "da a los gobiernos democráticamente elegidos al menos el mismo peso que al dictamen científico cuando se tratan decisiones importantes en materia de alimentación y medio ambiente".
La propuesta de Bruselas para armonizar a escala europea las reglas en materia de transgénicos, sobre la mesa desde 2010, estaba aparcada por las divisiones entre los Estados miembros. Para que el acuerdo sea efectivo necesita aún el visto bueno de los 28 y del pleno de la Eurocámara en las próximas semanas.
Hasta el momento, la Unión Europea aprueba o veta un OGM en base a razones medioambientales o sanitarias y la responsabilidad de la autorización recae sobre el Ejecutivo comunitario si, como ocurre en la mayoría de los casos, los Estados miembros no logran un consenso mayoritario ni a favor ni en contra del producto.
Con la nueva norma, un país podrá prohibir el transgénico en su territorio aunque esté permitido en el resto de la UE, invocando razones socioeconómicas, de orden público y de ordenación geográfica, por ejemplo. Como resultado de las negociaciones se ha introducido como criterio para rechazar el transgénico los "objetivos de la política medioambiental", más allá de la evaluación de riesgo que emita la Autoridad europea de salud alimenticia (EFSA, por sus siglas en inglés).
El papel de las compañías de transgénicos en este proceso era uno de los principales obstáculos para el acuerdo, ya que la Eurocámara no aceptaba la tramitación en dos fases defendida por la Comisión y los países.
Bajo esa fórmula, el gobierno contrario a un OGM estaba obligado a pedir primero a la empresa que le excluyera explícitamente a la hora de presentar la solicitud de autorización. Finalmente se ha impuesto en parte la posición de los eurodiputados y esta exigencia que privilegia a la industria pasa a ser facultativa.
El ministro italiano de Medio Ambiente y presidente de turno de la UE, , ha celebrado el principio de acuerdo porque es un "compromiso equilibrado, que tiene en cuenta la realidad de los Estados individuales" y asegura la "libertad de elección" a escala nacional.
Para el partido de Los Verdes en el Parlamento Europeo, sin embargo, el acuerdo evita "lo peor", pero lo ve insuficiente porque considera que no ofrece la seguridad jurídica necesaria para proteger a los Estados que se opongan al cultivo transgénico.
"Las multinacionales podrán utilizar la fragilidad jurídica y atacar las prohibiciones nacionales llevándolas ante la OMC, por ejemplo ante tribunales de arbitraje si acuerdos de libre comercio como el que se negocia con Estados Unidos se concluyen", ha advertido el eurodiputado de Los Verdes José Bové. "Debemos movilizarnos para evitar que se convierta en el caballo de Troya", ha pedido.
El también eurodiputado de Los Verdes Bart Staes ha criticado, por su parte, la falta de "medidas obligatorias para evitar la contaminación de cultivos no transgénicos".
