MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma por las Empresas Responsables, que representa a más de 570 organizaciones de sociedad civil, ha visto la luz este 24 de junio, una iniciativa con la que se demanda al Gobierno la aprobación de una ley en España que obligue a las empresas a actuar con la debida diligencia con el fin de garantizar el respeto de los derechos humanos y medioambientales en el ejercicio de sus actividades y a lo largo de su cadena de valor.
Así, las organizaciones de la Plataforma por las Empresas Responsables abogan por una ley con una serie de elementos clave como obligar a las empresas de desarrollar e implementar planes de debida diligencia y sancionar el incumplimiento de esta obligación; o implantar un sistema disuasorio de infracciones y sanciones para el caso de incumplimiento total o parcial de dicha obligación.
Según Sara García, de USO, "un sistema disuasorio de sanciones puede evitar que se llegue a producir el daño. Algunas sanciones que se pueden establecer son, por ejemplo, la imposibilidad de contratar con la Administración pública, de acceder a recursos de cooperación financiera o de internacionalización de la empresa, o sanciones de tipo económico".
También reclaman que la ley prevea aquellos casos en los que sí se ha producido vulneración de los derechos y asegure el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas ya que "es necesario garantizar a las víctimas el acceso a la justicia y a la reparación efectiva por los abusos de derechos humanos y medioambientales sufridos", afirma Marta Mendiola, de Amnistía Internacional.
"Las víctimas se enfrentan a barreras que hoy hacen esto casi imposible por los plazos de prescripción, los costes procesales, o los tribunales y la legislación a aplicar. Es urgente adoptar medidas para poner fin a la impunidad de las empresas cuando cometen violaciones de derechos humanos"", añade.
Además, contempla que se designe una autoridad pública independiente, que rinda cuentas y esté dotada de un mandato claro, así como de suficientes recursos financieros y personal; y reclama la obligación de publicar un informe anual con la información relevante y detallada de sus planes de debida diligencia, así como de su seguimiento y resultado.
Para Miguel Ángel Soto, de Greenpeace, "la falta de transparencia y la complejidad en la cadena de valor de las empresas facilita a las empresas no responder de manera efectiva por los impactos sociales y ambientales causados por proveedores y subcontratadas".
A juicio de los impulsores de la iniciativa, la regulación de la debida diligencia sobre empresas y derechos humanos y medioambientales ha entrado de lleno en las agendas públicas de muchos países europeos. No solo la UE está trabajando en una directiva de debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales, cuyo primer borrador se presentará después de verano, también países del entorno han aprobado legislación en la materia (Francia, Alemania y Noruega) y otros tienen procesos abiertos, como Holanda, Austria, Bélgica y Luxemburgo.
"España no puede estar a la expectativa de lo que dicte la UE. Los países con legislación nacional en vigor o en proceso de adopción, están mejor situados para influir en los debates sobre las normas de la UE o del Tratado Internacional de Naciones Unidas y además demuestran que se toman en serio la promoción de una economía más responsable y sostenible", indica Isabel Tamarit, del Observatorio de RSC.
Según la Plataforma, las empresas multinacionales operan en contextos donde la vulneración de los derechos de los trabajadores es frecuente y califican 2020 como el peor año para los derechos laborales y la libertad sindical en todo el mundo.
Así, en el 85% de los países se ha vulnerado el derecho a la huelga y en un 72% los trabajadores no tienen acceso a la justicia, o lo tienen restringido. También en 2020, 331 defensores de derechos humanos fueron asesinados y el 70% de ellos relacionados con la defensa del agua, la tierra o la defensa de los pueblos indígenas, frente a un conflicto con empresas involucradas, denuncian.
A juicio de la Plataforma, la ausencia de normativa vinculante que defina las obligaciones de las empresas y que aseguren el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos y medioambientales ha llevado a una situación en la que existen importantes lagunas de responsabilidad. Por ello, creen que las empresas se han beneficiado de la posibilidad de operar en países donde no existen o no están debidamente garantizadas las leyes que protegen los derechos humanos y el medio ambiente.
En resumen, ante la vulneración de derechos humanos y medioambientales ponen de manifiesto la necesidad de una regulación de la debida diligencia ya que consideran que las iniciativas voluntarias como medio para evitar las vulneraciones de los derechos humanos y medioambientales están siendo suficientes.
Según Almudena Moreno, de Alianza por la Solidaridad-ActionAid, "las iniciativas voluntarias de responsabilidad social son insuficientes por sí solas para evitar las vulneraciones de derechos humanos y medioambientales, quizás mejoran la conducta empresarial, pero las limitaciones son claras porque las empresas no están obligadas legalmente a prevenir daños y enfrentan pocas o ninguna consecuencia cuando estos se producen".
La Plataforma por las Empresas Responsables está formada por Alboan, Anesvad, Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Amnistía Internacional, Coordinadora de ONGD (550 organizaciones), Economistas sin fronteras, Enlázate por la Justicia (6 organizaciones), Entreculturas, Fundadeps, Greenpeace, Observatorio de la RSC (12 organizaciones) y USO.
