MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
Casi uno de cada siete empleados españoles reconoce un caso de sospecha de fraude, soborno o corrupción en su compañía durante 2006, mientras que siete de cada diez niega completamente que se haya producido una situación de este tipo, según se desprende de un estudio Ernst & Young.
En España, únicamente el 52% de los encuestados declara que la plantilla se siente libre de informar sobre casos sospechosos de fraude en sus empresas, frente a los británicos donde se alcanza el 86% y los holandeses, el 72%.
De la información que puede dar un empleado sobre conductas fraudulentas de sus compañeros depende, en parte, la prevención del fraude en las compañías. Por ello, según Ernst & Young, la empresa debe garantizar el anonimato de la fuente.
Por otro lado, entre los principales motivos para que la plantilla guarde silencio sobre este tipo de conductas está el temor a represalias por parte de la empresa o de su jefe, según el 64% de los profesionales españoles, y el miedo a cómo le tratarían los propios compañeros, algo que a los españoles no le dan ninguna importancia.
Asimismo, casi todos los encuestados españoles señalan que si un empleado comunica una sospecha de fraude, sus derechos debe ser protegidos. Sin embargo, no todos piensan que en caso de comunicarlo sus compañías realmente les protegerían.
En este sentido, el estudio subraya las diferencias existentes entre los que empleados piensan sobre cómo debería actuar una empresa ante sospechas de fraude y cúal sería su actuación real. Así, ocho de cada diez consideran que si la empresa investiga a un empleado, ésta debe informarle de ello, mientras que sólo la mitad cree que la empresa actuaría así.
Según Ernst & Young, el primer paso para desarrollar una política antifraude es tener un código de conducta. Independientemente de ello, sólo el 44% de los empleados españoles declara que su empresa dispone de él, el porcentaje más bajo entre los países europeos.
