Publicado 09/02/2022 16:00

El 5,7% de las inspecciones de trazabilidad de productos hortofrutícolas de terceros países en Almería acaba en sanción

La delegada territorial de Agricultura de Almería, Aránzazu Martín.
La delegada territorial de Agricultura de Almería, Aránzazu Martín. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta en la provincia Almería ha realizado un total de 869 inspecciones de trazabilidad de productos hortofrutícolas procedentes de terceros países en menos de tres años de las que 50 han finalizado con sanción, esto es, el 5,7 por ciento del total de los controles efectuados.

Según ha indicado la Junta en una nota, fue en 2019 cuando tomó la decisión de poner en marcha un "exhaustivo control de la trazabilidad y el posible reetiquetado de productos frutas y hortalizas de terceros países" puesto que, entre 2017 y 2018, tan solo hubo "inspecciones puntuales de productos extracomunitarios en base a denuncias de distintos agentes del sector por la presencia de camiones de Marruecos en determinadas empresas", según ha detallado la delegada territorial de Agricultura, Aránzazu Martín.

Así, el plan para la realización de un "elevado número de controles" arrancó en 2019 cuando se efectuaron 226 inspecciones, mientras que en 2020 se hicieron un total de 267 y el pasado año 2021 acabó con 376. Del total de inspecciones realizadas se han puesto 50 sanciones cuyo concepto e importe, reclamado en varias ocasiones por las organizaciones agrarias, no ha trascendido.

En estos controles se comprueba, según han detallado desde la Delegación, en primer lugar la existencia de productos procedentes de países extracomunitarios. En este caso, se inspecciona y controla si se realiza la práctica ilegal, que supone el cambio de etiqueta (reetiquetado), o no se indica el país de origen en albaranes y facturas.

En este sentido, el control de la trazabilidad se basa en la inspección ocular inicial y en el caso de que haya evidencias de la existencia de producto de terceros países, se procede al control de cajas, facturas y albaranes.

Martín ha asegurado que "desde la Junta de Andalucía hemos aumentado de forma progresiva los controles con el objetivo de proteger la calidad de los productos almerienses y el trabajo de los agricultores de nuestra provincia". De esta forma, la delegada ha incidido en la "apuesta de la Junta de Andalucía en el control y seguimiento de la trazabilidad de producto de procedentes de países terceros que es comercializado por empresas de Almería, principalmente Marruecos y Senegal, con este alto número de inspecciones".

La delegada ha recordado que desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible se ha reclamado en varias ocasiones al Gobierno de España que "intensifiquen" los controles en los Puestos de Inspección Fronterizos (PIF) "para garantizar que se respeten los contingentes acordados entre la Unión Europea y terceros países y no entren por los puertos de Andalucía más productos de los establecidos".

Se trata de una demanda que, según ha explicado Martín, "también ha sido solicitada por el sector y trasladada a la Junta de Andalucía para dar respuesta a sus necesidades, e ir de la mano en la puesta en marcha de medidas e iniciativas que protejan a un sector que es vital para la economía y el empleo de Almería".

Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible se ha manifestado que "ahora más que nunca es el momento de trabajar para el futuro" y ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que "interceda ante Bruselas, donde se debería plantear la posibilidad de rehacer esos acuerdos con terceros países, ya que son lesivos para los intereses de los productos españoles y, especialmente, andaluces".

Martín ha afirmado que "defender a Almería es solicitar ante Europa una nueva negociación relativa a estos acuerdos, además de controlar que los contingentes de las importaciones sin arancel cumplan con lo establecido". De no ser así, según ha manifestado la delegada, "el Gobierno de España está obligado a ponerlo en conocimiento de las autoridades europeas y denunciarlo ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)".

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado