ALMERÍA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ha destinado 6.155.858 euros al pago a 2.324 familias almerienses del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) durante el pasado año, una prestación destinada a que quienes se encuentran en riesgo de exclusión social puedan acceder a unos ingresos económicos mínimos que aseguren su adecuada subsistencia.
El IMS, también conocido como salario social, es una prestación económica de carácter semestral que pretende garantizar, a aquellas personas que carecen de recursos económicos suficientes, sus necesidades básicas, según ha precisado la Junta en una nota.
El importe concedido puede ir desde los 403,23 euros al mes para las unidades familiares unipersonales, hasta los 655,20 euros al mes para las familias de seis o más miembros. El tamaño medio de las familias solicitantes suele oscilar entre los dos y tres miembros, siendo las mujeres las que más solicitan este tipo de ayuda, de manera que desde enero hasta diciembre de 2016, se han beneficiado de esta prestación un total de 890 hombres y un total de 1.434 mujeres.
Las unidades familiares que lo soliciten deben cumplir una serie de requisitos, regulados en el Decreto 2/1999 de 12 de enero, entre los que se encuentran estar constituidas de forma estable con un año de antelación a la fecha de presentación de la solicitud, estar empadronados todos sus miembros en un mismo domicilio y disponer de recursos mensuales inferiores al 62 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional. Las solicitudes pueden presentarse en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales o a través de los respectivos ayuntamientos.
El cálculo del salario social se hace teniendo en cuenta los ingresos que existen en la unidad de convivencia, así como las condiciones de vida del grupo familiar, para que dispongan de una renta mínima que les permita vivir con dignidad.
Los destinatarios de esta prestación económica son las familias residentes en Andalucía cuyos ingresos mensuales máximos no alcancen, en el caso de unidades de convivencia unipersonales, el 62 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada año, cantidad esta que se va incrementando un ocho por ciento conforme hay más miembros en esa unidad familiar.
"Se trata de una ayuda para los más desfavorecidos, encaminada a superar las situaciones de marginación y desigualdad que se presentan, sobre todo por la imposibilidad en muchos casos para acceder a un puesto de trabajo, lo que dificulta su integración social", ha indicado el Gobierno andaluz.
El Salario Social forma parte del Programa de Solidaridad de los Andaluces, que nació fruto del acuerdo llegado entre la Junta y los agentes sociales para procurar unos ingresos mínimos a los ciudadanos o familias que están en una situación de alto riesgo de marginación, precarización y exclusión social para que dispongan de una renta mínima que les permita una supervivencia digna, así como para facilitar su inclusión social.
