CÁDIZ, 4 May. (EUROPA PRESS) -
La Delegación territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Cádiz ha llevado a cabo esta semana una reunión del Consejo Provincial de Atención a las Personas con Discapacidad de la provincia, que ha servido para constituirse en Pleno, renovar los cargos y designar la Comisión Permanente.
Según informa la Junta en una nota, el consejo es un órgano asesor y de participación de las personas con discapacidad y, en su caso, de sus familiares o representantes legales, así como de las entidades y organismos con competencias en este sector.
Entre las funciones que tiene este consejo cabe destacar la de asesoramiento a las administraciones públicas en aquellos proyectos o iniciativas que afecten específicamente a la población con discapacidad, presentar iniciativas y formular recomendaciones en relación con los planes o programas de actuación e impulsar su cumplimiento.
Asimismo, se encarga de realizar el seguimiento de las actuaciones de los poderes públicos o el impulso de estudios e investigaciones sobre aspectos relacionados con la situación y calidad de vida de las personas con discapacidad en la provincia.
En su composición, además de con representación de la administración de la Junta en la provincia --su presidente es el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales--, cuenta con la de los ayuntamientos de municipios superior e inferior a 20,000 habitantes, de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, de las federaciones y confederaciones de asociaciones de personas con discapacidad y, en su caso, de sus familiares o representantes legales, representados en el Comité de Entidades Representantes de Minusválidos (Cermi) de Andalucía.
NUEVA LEY DE DISCAPACIDAD
Uno de los temas abordados en esta reunión ha sido la nueva Ley de Derechos y la Atención a Personas con Discapacidad, que mejorará la calidad de vida de más de 100.000 personas y sus familias en Cádiz.
La nueva ley cuenta con una ficha presupuestaria de 1.300 millones de euros para conseguir una sociedad más inclusiva y accesible, promoviendo la autonomía personal, la capacitación y el empoderamiento de las personas con discapacidad en la vida independiente y en la perspectiva de género, entre otras.
La nueva norma incorpora la consideración de las condiciones externas de tipo social junto con las circunstancias personales o de salud. Se actualiza así un concepto legal hasta ahora centrado en un modelo médico-rehabilitador. A diferencia de la ley de 1999, se reconocen las situaciones de especial vulnerabilidad dentro de la discapacidad, como la pluridiscapacidad, y se prevén las necesidades de apoyo a la toma de decisiones de las personas afectadas.
De igual modo, la norma considera el mayor riesgo de sufrir abusos que presentan las mujeres y las niñas de este colectivo y establece las correspondientes medidas para su incorporación a las políticas sobre violencia de género. Entre ellas destacan la adecuación de las casas de acogida y la implantación de servicios de atención telefónica a mujeres sordas mediante sistemas similares a la videoconferencia.
El Consejo Provincial de Atención a las Personas con Discapacidad de Cádiz es un órgano de asesoramiento y participación institucional, constituido en virtud Decreto 301/2000, de 13 de junio.
Dentro de sus funciones propias se encuentran la emisión de informes de asesoramiento para la elaboración de proyectos e iniciativas normativas que afecten a la población con discapacidad; el fomento del desarrollo de acciones de información, análisis, elaboración y difusión de información; la presentación de iniciativas y la formulación de recomendaciones en relación con los planes o programas de actuación.
Otras de sus funciones son la realización del seguimiento de las actuaciones de los poderes públicos en el campo de la atención a las personas con discapacidad; o el impulso de estudios e investigaciones sobre aspectos relacionados con la situación y calidad de vida de las personas con discapacidad.
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