CÁDIZ, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha mantenido este lunes una reunión con el presidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, en la que se ha vuelto a tender la mano para avanzar en los proyectos que benefician a los gaditanos.
Así lo ha señalado la Junta en un comunicado, donde ha asegurado que ha habido "una falta de colaboración" por parte de Diputación, pero que, "siempre va a encontrar en la Consejería la disposición a dialogar como lo hacemos con todas las administraciones".
En este encuentro, uno de los asuntos que se ha abordado es el contrato de arrendamiento firmado entre ambas instituciones en 2008 tras la permuta que afecta al edificio de la Audiencia Provincial.
La Consejería "mantiene la validez y vigencia" de dicho contrato cuya cláusula cuarta es "clara", según el ente: "Concluido el plazo de cuatro años establecido en la cláusula segunda, y para el caso de que la nueva sede judicial que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene previsto construir en Cádiz no esté disponible al uso del servicio público de la Junta, el presente contrato de arrendamiento se ampliará hasta el momento del traslado de los órganos judiciales a la nueva sede, sin derecho a percibir la Diputación Provincial de Cádiz cantidad alguna en tal concepto".
Desde la Consejería se ha insistido en que "se va a seguir trabajando con la mejor voluntad de diálogo y la mejor actitud posible", pues el objetivo y el empeño es "lanzar la Ciudad de la Justicia de Cádiz", proyecto en el que se ha invitado al presidente de la Diputación a participar.
La Junta ha asegurado que "está cumpliendo escrupulosamente" el contrato, con un esfuerzo "que va a suponer destinar más de 60 millones para beneficio de Cádiz y de sus partidos judiciales, para que cuenten con la Ciudad de la Justicia que se merecen".
Por otro lado, sobre la financiación del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), la Consejería ha recordado la finalidad de este plan "que como su nombre indica es el fomento del empleo en el mundo rural y no la financiación de materiales de obra".
Así, se ha incidido en el compromiso de la Junta con el mismo, pues se ha asumido cada una de las subidas que se han llevado a cabo por parte del Gobierno central en la misma proporción "y así lo vamos a seguir haciendo, porque es lo está pactado". Conforme a este compromiso la Junta ha incrementado su aportación al programa de 54,5 millones de euros en 2020 a 62,6 millones en 2022.
La Consejería, además, ha abogado por "abrir un debate y afrontar una reforma profunda de este programa de cara a un futuro". Igualmente, ha recordado que se ha firmado el convenio con las ocho diputaciones para el año 2022 con las cantidades pactadas y acordadas previamente.
El PFEA es un programa cofinanciado por tres administraciones: Estado, Junta y diputaciones. Estas dos últimas subvencionan la cuantía resultante de aplicar el 45% a la aplicación estatal y, de esta, el 75% corresponde a la Junta y el 25% restante a las diputaciones.
