Publicado 29/10/2025 20:37

El presupuesto de Justicia, Administración Local y Función Pública crece un 1,63% y supera los 933 millones de euros

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en la sede del Gobierno andaluz en Córdoba.
El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en la sede del Gobierno andaluz en Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública vuelve a crecer y en 2026 alcanzará los 933.421.472 euros, un 1,63% más que en el año en curso, resultando que, en materia de Justicia, el Gobierno de la Junta de Andalucía, que preside Juanma Moreno, ha incrementado en más de un 40% el presupuesto desde 2018, hasta sumar 751.463.157 euros en 2026.

Estos presupuestos, a cuya presentación en Córdoba ha acudido el consejero José Antonio Nieto, permitirán que la Junta seguirá ejecutando el Plan de Infraestructuras Judiciales que, en el caso de Córdoba, ha permitido dotar a Lucena de un nuevo Complejo Judicial inaugurado hace un año, rehabilitar la sede de Aguilar de la Frontera, o acabar con los problemas de humedades y accesibilidad del edificio de Montilla, donde los trabajos han empezado hace unos días y durarán nueve meses, para los que el presupuesto consigna 539.839 euros, además de ahorrar energía, con más de nueve millones en 2026 para instalar placas fotovoltaicas y nuevos sistemas de climatización e iluminación.

Las sedes en las que se actuará en la provincia serán las de Peñarroya-Pueblonuevo, Posadas, Pozoblanco, Aguilar, Cabra, Montoro, Puente Genil y Priego. Para inversiones del Plan de Infraestructuras Judiciales prevé, a través de fondos propios, 56 millones en 2026, pero también otras fórmulas, como la colaboración público-pública, mediante la que se acometerá la nueva sede de Baena.

Por otro lado y de forma general, el Plan Estratégico de Justicia también persigue una Justicia más ágil, cercana y humana, con proyectos como la creación de la figura del facilitador judicial para acompañar a personas con problemas de comprensión, al que se destinarán 240.000 euros; los Servicios de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) o la atención a los menores en los Puntos de Encuentro Familias (PEF), para los que la se incrementan un 7,5% los fondos hasta más de 6,2 millones.

Una de las grandes medidas es el impulso a la mediación, con más de 3,1 millones para servicios públicos como el Sempa, que en un año ya ha evitado casi 150 juicios penales en Córdoba, o el de Mediación Civil y Mercantil (Semca), que se pondrá en marcha próximamente en toda Andalucía con una inversión de 1,4 millones.

Todo ello en plena transformación de la Justicia por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia aprobada por el Ministerio, cuya puesta en marcha está suponiendo un coste de 56 millones de euros para adaptar equipos informáticos, espacios y plantillas.

Así, la inversión en personal, una vez creadas las nuevas plazas y puestos de jefatura, se traduce en un incremento de 16 millones de euros en el capítulo presupuestario para el personal de Justicia, con 400.000 euros en Córdoba, donde se han creado ocho plazas.

En materia de Administración Local, la Consejería destinará 5,2 millones de euros a subvenciones a ayuntamientos para mejorar infraestructuras y paliar daños por fenómenos meteorológicos, y 65,7 millones para el PFEA (10,2 millones en Córdoba), una cuantía que se mantiene exactamente igual, ya que la aportación de la Junta es proporcional a la del Estado, que lleva tres años congelada por la prórroga de sus presupuestos.

Por otro lado, la Junta está desarrollando la primera Estrategia frente al Desafío Demográfico de Andalucía, que contempla medidas transversales de todo el Gobierno para poner en valor las oportunidades que hay en municipios como los de Sierra Morena, el Guadiato o Los Pedroches, para atraer población a ellos, alcanzar los diez millones de vecinos de Andalucía en 2050 y corregir el actual desequilibrio entre las zonas urbanas y la Andalucía rural.

Por último, se continuará desplegando la Ley de Función Pública, apostando por nuevos sistemas de selección y provisión de puestos más ágiles y adaptados a los nuevos perfiles, la modernización y digitalización de la Administración. Para ello, el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) verá incrementado su presupuesto en un millón de euros, hasta superar los 16 millones.

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