La Junta activa un protocolo para garantizar la atención a menores infractores con trastornos y problemas de adicción

HUELVA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento de la orden conjunta emitidas por las consejerías de Sanidad, Presidencia y Emergencias y de Justicia, Administración Local y Función Pública en la que se dan instrucciones a los órganos adscritos y al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para la atención conjunta de los menores infractores con trastornos mentales y problemas de adicción.

Tal y como ha precisado el Gobierno andaluz en una nota, el protocolo responde a la necesidad de articular una intervención pública coordinada sobre este colectivo especialmente vulnerable, en el que confluyen necesidades sanitarias, educativas y socio-judiciales, y donde "resulta imprescindible garantizar la continuidad terapéutica más allá del ámbito estrictamente judicial".

En concreto, el documento, que supone la formalización de un modelo estable de colaboración interinstitucional para mejorar la atención a las personas menores infractoras que presentan trastornos mentales o problemas de adicciones, establece "de forma clara" cómo deben coordinarse los dispositivos de Justicia Juvenil y los recursos sanitarios públicos para asegurar que los menores que cumplen medidas judiciales reciban una atención sanitaria "adecuada, homogénea y continuada".

Esto implica, por una parte, definir canales estables de relación entre los centros y servicios de Justicia Juvenil y la red pública de salud mental y adicciones; establecer procedimientos comunes de comunicación, intercambio de información y derivación clínica, así como "garantizar que la atención sanitaria no se interrumpa cuando el menor cambia de recurso, inicia una medida judicial o finaliza su internamiento". En definitiva, se protocoliza la relación operativa entre ambos sistemas para pasar "de una coordinación ocasional a un modelo estructurado y previsible".

Al hilo, la Administración autonómica ha concretado que este protocolo busca el interés superior del menor como eje de la intervención; la utilización preferente de los recursos sanitarios normalizados del sistema público, evitando circuitos paralelos; la atención integral, combinando el enfoque terapéutico con el carácter socioeducativo de las medidas judiciales, así como la continuidad asistencial como garantía esencial para la recuperación y la prevención de recaídas.

Asimismo, crea un sistema operativo basado en la figura de profesionales referentes designados en cada recurso implicado, tanto en Justicia Juvenil como en salud mental y atención a las adicciones. Estos referentes son los responsables de mantener el contacto directo entre dispositivos; facilitar la información clínica necesaria; y coordinar derivaciones, tratamientos y seguimiento. De esta forma, se reducen los tiempos de espera, se evitan duplicidades y se facilitan respuestas rápidas ante situaciones clínicas complejas.

En suma, el objetivo es regular la coordinación tanto si el menor cumple medidas de medio abierto como de internamiento. En el primer caso, cuando el menor permanece en Andalucía, se establece un modelo de trabajo conjunto entre los equipos de Justicia Juvenil y los recursos sanitarios, con intercambio de información autorizado y seguimiento continuado durante toda la medida.

En el segundo, cuando el menor ingresa en un centro de internamiento, se garantiza la continuidad del tratamiento existente o la valoración clínica necesaria para su incorporación a la red sanitaria pública. De esta forma, se regula la actuación ante crisis o descompensaciones clínicas, integrando a los servicios de urgencias y hospitalización del sistema sanitario.

El Gobierno andaluz apunta que uno de los elementos estratégicos del protocolo es la planificación anticipada de la salida del menor del centro de internamiento. Para este momento, establece que la coordinación entre los sistemas se inicie con antelación suficiente; las citas en los dispositivos de salud mental o adicciones se programen antes de la salida y se realice un seguimiento activo para evitar abandonos terapéuticos. Con esto "se pretende reducir la ruptura del vínculo asistencial al finalizar la medida judicial, uno de los principales riesgos detectados hasta ahora", ha precisado la Junta.

De este modo, el protocolo representa un "avance significativo", puesto que consolida un marco formal y estable la colaboración entre las consejerías; refuerza la integración del sistema sanitario público en la atención a menores infractores; mejora la continuidad terapéutica y la calidad asistencial; homogeneiza criterios de actuación en todo el territorio de Andalucía y responde a recomendaciones institucionales orientadas a mejorar la atención sanitaria en Justicia Juvenil.