HUELVA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, garantiza un año más con una inversión de 1.214.741 euros la prestación en Huelva del Programa de Tratamiento a Familias con Menores en Riesgo o Desprotección (PTF), tras renovar los convenios de colaboración con Diputación y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, tales como la capital Lepe, Isla Cristina, Almonte, Ayamonte, Moguer y Aljaraque.
La prórroga de los convenios, después de que 404 familias y 771 menores a su cargo accedieran en 2018 al programa, y cuya firma ha estado presidida por la delegada del Gobierno andaluz en Huelva, Bella Verano, en compañía de la delegada del ramo, Estela Villalba, va acompañada de una inversión por parte de la Administración autonómica dirigida a las entidades locales.
Verano ha resaltado "el compromiso por la puesta en valor y el apoyo de la Consejería a este programa en el marco de las políticas públicas de prevención en materia de infancia de la Junta de Andalucía" y ha valorado la presencia de los Equipos de Tratamiento Familiar "como una prestación garantizada en el Catálogo de Prestaciones de los Servicios Sociales bajo la denominación de Apoyo psicosocial y psicoeducativo de atención a la infancia y a la familia".
El PTF es un programa fundamentalmente preventivo que tiene una doble finalidad: por un lado, "potenciar que las familias participantes proporcionen a los menores un ambiente familiar adecuado que garantice su normal crecimiento, eliminando aquellos factores que pueden ser causa de desprotección y desemboquen en la adopción de medidas de protección que conllevan la separación del niño de su entorno, tras decretarse una situación de desamparo".
Por otro lado, pretende "promover, cuando sea posible, la reunificación familiar de menores sobre los que se ha adoptado con anterioridad una medida de protección, a través de la corrección de las disfunciones en la dinámica familiar que la motivaron". Así, se divide en dos subprogramas: de riesgo o desprotección y de reunificación familiar.
Se trata de preservar los derechos de los menores promoviendo su desarrollo integral en su medio familiar normalizando su situación, además de posibilitar su retorno a la familia de origen en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los menores".
La aportación económica de la Junta va específicamente destinada a financiar el mantenimiento de los 13 equipos de tratamiento familiar (ETF) existentes en la provincia onubense, que son los encargados de aplicar el programa y realizar las intervenciones con la población diana, en coordinación con el Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que actúa como el referente técnico del Programa en la provincia.
Estos equipos, dependientes de las entidades locales, están integrados por un total de 41 profesionales, entre los que se encuentran psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociales.
Los ETF atienden principalmente a familias con carencias y dificultades en la cobertura de las necesidades básicas, cuya detección han efectuado previamente los servicios sociales comunitarios. Asimismo, trabajan ante la aparición de indicadores de riesgo que requieren tratamientos específicos.
La labor preventiva de los equipos de tratamiento, realizada con criterios de atención individualizada y proximidad, ha permitido en los últimos años un descenso del 11% en el número total de tutelas de menores decretadas por la Junta.
PERFIL DE LOS USUARIOS
Según la última memoria de actividad del programa, las familias destinatarias del mismo presentan por lo general alguna de las siguientes características: tienen menores a su cargo que se encuentran en situación de riesgo social; son monoparentales con hijos menores de 18 años en situación de dificultad social, este colectivo alcanza el 35% del total de familias atendidas; en su seno se han detectado situaciones de violencia que afectan directa o indirectamente a los menores a su cargo, y tienen hijos sobre los que se ha adoptado una medida de protección previamente y existen posibilidades de retorno.
Entre los factores de riesgo más significativos asociados a las figuras parentales se encuentra que el 57% presentan al inicio del tratamiento ausencia de conciencia del daño que su conducta ocasiona en los menores, el 56% falta de motivación al cambio y el 57% una inestabilidad o precariedad laboral, alcanzado el 63% de las familias unos ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional existente en 2017. En cuanto a las tipologías de desprotección existentes se encuentra la negligencia parental en un 64% y el maltrato psicológico o emocional en un 48% de los casos.
Con relación al perfil de los menores atendidos, en el apartado de riesgo presentan una edad media de 12 años, mientras que en reunificación familiar el más característico coincide con la franja de cuatro a seis años. El número de niños por cada familia o unidad de convivencia atendida es aproximadamente de dos.
El número de casos en los que el Servicio de Protección de Menores adoptó una medida protectora alcanzó el total de 12, con 20 menores, preservándose la unidad familiar en el 97% de las familias atendidas en el subprograma de riesgo.
