La Junta aprueba licitar la redacción del proyecto de la Ciudad de la Justicia de Jaén

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento este miércoles del inicio de la licitación del contrato de servicios para la revisión y redacción del anteproyecto y los proyectos básico y de ejecución la Ciudad de la Justicia de Jaén. Este paso se da una vez descartada su construcción por colaboración público-privada, fórmula con la que venía tramitando el proyecto en los últimos años.

La licitación se plantea con un importe de 1.455.430,95 euros (IVA incluido) y un plazo total de ejecución de siete meses, según ha informado en una nota el Gobierno andaluz.

Los trabajos consistirán en la revisión del proyecto técnico redactado en 2013 en la parcela cedida por el Ayuntamiento de Jaén entre las calles Canarias, Abogado de Oficio, Miguel Castillejo y Castilla y León para actualizarlo a la normativa vigente y adaptarlo al nuevo modelo de Tribunal de Instancia fijado en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia de 2025.

La Ciudad de la Justicia de Jaén, incluida en el Plan de Infraestructuras Judiciales de Andalucía 2023-2030, unificará en una superficie estimada de 35.000 metros cuadrados todos los órganos y servicios judiciales actualmente dispersos en 13 edificios diferentes, la mayoría en régimen de alquiler, con un coste anual superior a los 1,3 millones de euros.

Esta dispersión, junto a los problemas de espacio y accesibilidad de algunas de las sedes, dificulta el trabajo de los profesionales y la prestación del servicio.

El nuevo edificio albergará la Audiencia Provincial, el Tribunal de Instancia con todas las secciones y servicios comunes, el Registro Civil, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el espacio para los colegios profesionales, los servicios tanto de asistencia a víctimas (SAVA) como los nuevos servicios de mediación, además de reservar espacio para futuros crecimientos.

El proyecto será ejecutado íntegramente con fondos propios de la Junta de Andalucía, con una inversión estimada de más de 71,1 millones en cuatro anualidades. La licitación de la redacción del anteproyecto y el proyecto básico y de ejecución se hará por el procedimiento negociado sin publicidad, al tratarse de la revisión y actualización de un proyecto técnico ya existente, "lo que reducirá los plazos de toda la fase previa a la licitación de las obras, prevista para 2027".

Así, el contrato de servicios fija un mes para el anteproyecto, dos meses para revisar y elaborar el proyecto básico y cuatro meses para redactar el proyecto de ejecución.

Cabe recordar que esta licitación se produce después de que el consejero de Justicia, Administración Local, José Antonio Nieto, anunciase el pasado 19 de marzo que la Ciudad de la Justicia no se construiría finalmente por colaboración público-privada, fórmula con la que se estaba tramitando el proyecto, y se financiará "íntegramente con recursos propios" de la Junta.

INFRAESTRUCTURA MUY DEMANDADA

Esta infraestructura se viene reclamando desde hace más de dos décadas. En la pasada legislatura, en septiembre de 2020, se incorporó a la Unidad Aceleradora de Proyectos de Interés Estratégico de Andalucía, y se planteó la financiación público-privada para acometerla, a la vez que, según los entonces responsables de la Consejería, se actualizaba el proyecto y se trabajaba con el Ayuntamiento en la cesión del suelo.

Ya en la legislatura que está a punto de acabar, en septiembre de 2022, Nieto abogó por "impulsar un nuevo proyecto", "adaptado a la legislación actual" y sin descartar la posibilidad de ejecución directa. Posteriormente, no obstante, la Junta optó por mantener la vía de la colaboración público-privada y sobre ella se ha venido trabajando durante este tiempo.

Finalmente, ya en marzo de este año, se descartó ante el informe de la Oficina Andaluza de Evaluación Financiera --último paso previo a la licitación de la obra--, con cuestiones como la necesidad de rebajar el canon que habría que pagar a la empresa adjudicataria, lo que podría llevar a que la licitación quedase "desierta".

Y es que, la vía de la colaboración público privada supone que la empresa adjudicataria asume la inversión, además de los gastos de mantenimiento, limpieza, seguridad y demás servicios durante el periodo de la concesión. A cambio, la Junta abonaría un canon anual, calculado para este proyecto en 9,7 millones durante 28 años, una vez que el edificio estuviera terminado y en uso. Transcurrido el plazo de concesión, sería propiedad del Gobierno andaluz.

Para ese descarte de la vía público-privada, Nieto también aludió a la Ley de Desindexación y al tratamiento fiscal para este tipo de contratos, con "el tipo máximo de IVA, el 21 por ciento, al cien por cien del canon", lo que implicaba "un incremento de un coste ya muy alto de casi 50 millones de euros más", de modo que era "prácticamente imposible" llevarlo a la práctica y se ha optado por la ejecución directa.

En todo caso, subrayó que la infraestructura "no va a sufrir ningún retraso" con respecto a las últimas previsiones, pese a este cambio. "Vamos a licitar y adjudicar la contratación del proyecto de ejecución para que esté concluido a lo largo de este año 2026, que la licitación de la obra se realice en los meses de 2027 y que la obra esté concluida, como estaba previsto, en 2029", apuntó el consejero.