La Renta Mínima de la Junta benefició a 7.552 personas en la provincia durante 2020, un 19,34% más que en 2019

JAÉN, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (Rmisa) que gestiona la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación benefició a 7.552 personas en la provincia de Jaén durante en 2020, lo que supone un incremento del 19,34 por ciento y 1.224 personas más que el año anterior.

De esta forma, el número de personas menores de edad atendidas se ha incrementado en un 35,19 por ciento en un momento en que la Consejería ha fijado como uno de sus objetivos para el presente año, la lucha contra la pobreza infantil, según ha informado este miércoles en una nota el Gobierno andaluz.

Todo ello ha supuesto la resolución, durante 2020, de 4.413 expedientes entre solicitudes iniciales y de ampliación. De ellos, 3.258 han sido concesiones de prestaciones, lo que supone un incremento del 26,97 por ciento.

Una labor, además, "en unas circunstancias excepcionales por la pandemia de covid-19, agravadas por la nula digitalización de expedientes y una gestión muy condicionada por los requerimientos de documentación en papel a las personas solicitantes por las limitaciones de acceso a información de manera telemática".

La Junta ha destacado que la Renta Mínima andaluza ha supuesto una "fuente de ingresos indispensable para las familias vulnerables y en riesgo de exclusión" en un año marcado inevitablemente por la pandemia.

A la modificación del Decreto-Ley, el refuerzo en la gestión y el plan de choque previsto por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación previamente al inicio de la crisis social y sanitaria, surgió la necesidad de promover medidas para poder agilizar el acceso a la prestación a las familias más necesitadas.

Así, el Decreto-Ley 6/2020 de 30 marzo recogió medidas extraordinarias para la concesión provisional de prestaciones con el objetivo de hacer llegar esta ayuda al mayor número de familias posible, descargando la gestión de los expedientes para aumentar la capacidad de resolución mediante solicitudes de urgencia y emergencia social y solicitudes de ampliación y expedientes de alta que llegaran a fin de prestación durante el estado de alarma.

Posteriormente, el Decreto-Ley 10/2020 estableció la concesión de una prestación extraordinaria de cinco meses de duración para las solicitudes de una nueva modalidad de situación de emergencia social para unidades familiares con menores a cargo o unipersonales. También el incremento hasta los doce meses de la duración de la ampliación o la simplificación de los consentimientos en la solicitud.