El Consejo de Gobierno conoce el convenio para construir la sede judicial de Torremolinos (Málaga)

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Andalucía ha tomado conocimiento del convenio entre la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y la Diputación de Málaga para cofinanciar al 50% la construcción de la nueva sede judicial de Torremolinos para unificar en un único espacio todos los órganos y servicios del partido judicial.

La firma del acuerdo tuvo lugar después de que el Consejo de Gobierno autorizara, en su sesión del pasado 30 de abril, el expediente de gasto de 10.037.752,64 euros a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública correspondiente a su aportación con una distribución en dos anualidades, en concreto, 1.330.007,92 euros en 2028 y 8.707.744,72 euros en 2029, una vez adjudicada e iniciada la construcción del edificio por parte de la Diputación.

Según han informado en una nota, el convenio formalizado la semana pasada estipula que el inmueble tendrá 8.454,69 metros cuadrados y albergará servicios administrativos compatibles, entre otros usos, con el de sede judicial para unificar las secciones y servicios comunes del Tribunal de Instancia, compuesto por una Sección Civil con cinco plazas judiciales y una Sección de Instrucción con otros cinco jueces, servicios comunes de Tramitación, General y Ejecución.

También el Registro Civil y las dependencias de la Fiscalía y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el partido judicial, en el que se presta también servicio a los vecinos de Benalmádena.

Todos estos órganos se encuentran actualmente repartidos en cinco edificios, tres de ellos alquilados, uno propiedad de la Junta de Andalucía y otro en régimen de concesión administrativa, con un "importante déficit de superficie y limitaciones para una óptima prestación del servicio público de Justicia, tanto para la ciudadanía como para los profesionales", han apuntado.

Por ello, la dotación de una nueva sede judicial a Torremolinos se incluyó en el Plan de Infraestructuras Judiciales de Andalucía 2023-2030 mediante la fórmula de la colaboración público-pública entre la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Torremolinos.

El Consistorio había iniciado en diciembre de 2024 el procedimiento para la cesión de tres parcelas en proindiviso al 50% a la Diputación de Málaga y a la Junta de Andalucía, cesión que fue aprobada de manera definitiva en el pleno municipal del 29 de mayo de 2025 y aceptada posteriormente por la institución provincial y por el Gobierno andaluz.

Una vez cedidos los terrenos se inició el procedimiento para tramitar un convenio de colaboración entre la Diputación malagueña y la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública para establecer las condiciones de la construcción de un edificio administrativo destinado a albergar el Tribunal de Instancia y servicios públicos de competencia provincial.

Tras la recepción de todos los informes preceptivos y la tramitación del expediente de gasto correspondiente al 50% del coste de la obra que sufragará la Junta de Andalucía, se formalizó el convenio entre ambas administraciones.

El documento concreta que la Consejería de Justicia remitirá a la Diputación el Proyecto Básico y de Ejecución y el Estudio de Seguridad y Salud ya redactados, valorados en 1.165.625 euros y que forma parte del 50% del coste correspondiente a la Junta de Andalucía, y el resto de documentación necesaria para que la institución provincial saque a licitación la obra y tramite todo el procedimiento de publicación y adjudicación de ésta.

Una vez finalizada la construcción y tras la recepción formal del edificio, el convenio especifica que la Diputación ubicará en él la oficina del Patronato Provincial de Recaudación y cederá a la Consejería de Justicia, mediante mutación demanial externa, el espacio que no necesite usar de su 50% del inmueble por un plazo mínimo de 30 años a cambio de una compensación anual y periódica.

Por su parte, la Junta de Andalucía ubicará tanto en su 50% como en el espacio extra que le ceda la Diputación todos los órganos y servicios del Tribunal de Instancia para dotar al partido judicial de unas instalaciones que eviten la actual dispersión y ofrezcan espacios de atención específica que protejan a las víctimas y garanticen su intimidad, así como itinerarios de circulación separados para detenidos, profesionales y usuarios.