SEVILLA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha establecido este martes la previsión presupuestaria para atender, en los ejercicios de 2018 y 2019, las nuevas prórrogas y licitaciones de contratos en materia de inserción de menores infractores, servicios de asistencia a víctimas y Puntos de Encuentro Familiar. Con este fin ha incrementado en 9,5 millones de euros los límites de compromiso de gasto de las partidas correspondientes en la Consejería de Justicia e Interior.
De la cantidad total, 8,4 millones se destinan principalmente a completar la ampliación por dos años de los ocho contratos de ámbito provincial con entidades sin ánimo de lucro para las medidas judiciales sin internamiento en los Servicios Integrales de Medio Abierto, así como los de mediación en Justicia Juvenil. Los 1,1 millones restantes permitirán extender a 2018 los del Servicio de Asistencia a las Víctimas en Andalucía (SAVA) y los Puntos de Encuentro Familiar.
Los contrataciones vinculadas a los Servicios Integrales de Medio Abierto fueron formalizadas en 2013 por un importe total de 22,26 millones y finalizan este año. A través de ellas se gestionan medidas de reeducación e inserción social, libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas, arresto de fin de semana, tratamiento terapéutico y otras que no suponen internamiento y son impuestas por los juzgados a los menores infractores.
Estos servicios se prestan por grupos de profesionales de Derecho, Psicología y Trabajo Social. Desde 2013 su contratación tiene carácter unificado y provincial, lo que garantiza la continuidad e inmediatez en la actuación, así como un tratamiento personalizado y especializado. Los recursos coordinados por la Junta hacen posible que actualmente más de un 80 por ciento de los jóvenes logren reinsertarse y no reincidan.
En cuanto a los recursos de mediación en Justicia Juvenil, igualmente se prorrogarán por dos años los correspondientes contratos de ámbito provincial suscritos con distintas entidades, dirigidos a ofrecer a los jóvenes infractores la posibilidad de restablecer el daño ocasionado sin ser objeto de judicialización.
Junto con las de estos dos servicios, el nuevo límite de gasto de 2018-2019 también incluye las prórrogas de dos contratos específicos para la atención en el Centro de Día de Menores Infractores de El Puerto de Santa María (Cádiz) y el suministro del Centro de Internamiento San Francisco-La Biznaga de Málaga.
ASISTENCIA A VÍCTIMAS
La segunda ampliación presupuestaria autorizada por el Consejo, solo para 2018, corresponde al SAVA y a los Puntos de Encuentro Familiar, con una ampliación de 1,1 millones de euros en el límite de gasto para la prórroga anual de los contratos, igualmente de ámbito provincial.
El SAVA, creado en 1998, atiende anualmente a más de 10.000 personas víctimas de delitos violentos, especialmente mujeres (70 por ciento del total). Adscrito a la Consejería de Justicia de Interior y gestionado por distintas entidades colaboradoras, presta tanto asistencia jurídica como apoyo psicológico y social.
En el caso de mujeres que han sufrido violencia de género, también se encarga de gestionar la asistencia en casas de acogida. Su estructura se organiza en nueve servicios ubicados en dependencias judiciales de las ocho provincias andaluzas y del Campo de Gibraltar. Cada uno de ellos cuenta con una plantilla de cuatro profesionales con formación especializada en atención y asistencia a víctimas: dos juristas, un psicólogo y un trabajador social.
Finalmente, los Puntos de Encuentro Familiar atendieron el año pasado a 2.426 menores, derivados por los juzgados en aquellos casos de conflictos y problemas de convivencia entre progenitores e hijos.
