SEVILLA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía ha defendido este miércoles que junto a Castilla y León, Galicia, Madrid y Murcia, comunidades todas gobernadas por el PP, ha hecho un "frente común" para solicitar al Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos que modifique la normativa del Bono Joven para "dar seguridad jurídica a los jóvenes que quieran acceder a esta ayuda, así como a las comunidades que tienen que gestionarla", tratándose de una ayuda estatal de 250 euros al mes durante dos años, cantidad que podrá ser complementada por otras ayudas reguladas en el Plan Estatal de Vivienda o que establezcan adicionalmente las comunidades autónomas.
Así lo han expuesto los representantes autonómicos durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo convocada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Los responsables de vivienda de estas comunidades, Marifrán Carazo; Juan Carlos Suárez-Quiñones; Ángeles Vázquez; Paloma Martín y José Ramón Díez de Revenga, requirieron al Ministerio que concrete la definición de esta medida, cuyos requisitos fueron aprobados en enero, para "evitar su maraña burocrática" en aspectos como las rentas de alquiler, las rentas máximas de los solicitantes y los documentos que acrediten la residencia en la vivienda o habitación.
Según el Gobierno central, los beneficiarios de este bono deberán tener ingresos no superiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y la vivienda arrendada deberá tener la consideración de habitual y permanente y una renta máxima de 600 euros/mes, sin perjuicio de que pueda ascender a los 900 euros/mes en algunos supuestos.
En el caso de los alquileres de habitación, estos límites de precio serán de hasta 300 euros por habitación, un tope que podrá elevarse hasta los 450 euros, según el Ejecutivo central.
Los dirigentes de las citadas autonomías consideran "improvisada y enrevesada" la puesta en marcha del Bono Joven por parte del Gobierno central, y lamentaron que "no haya contado con la opinión de las comunidades autónomas, ni tampoco con el Consejo de Juventud, antes de aprobar esta medida". "Salió adelante con contactos mínimos e imposiciones máximas", opinan.
LA GESTIÓN
Asimismo, reiteraron algunas de las cuestiones ya planteadas en la anterior conferencia sectorial "al seguir considerando que se trata de un modelo que generará un efecto inflacionista claro en los alquileres y no resolverá el problema". Del mismo modo, solicitaron que se aclarasen aspectos clave del bono joven tales como el procedimiento de gestión, los supuestos en los que se comparte piso, entre otros.
En su opinión, "tal y como está diseñado, va a ser demasiado complejo" y advirtieron que "los fondos estatales llegarán tarde y serán difíciles de gestionar por las administraciones regionales debido al galimatías administrativo que nos trasladan a las comunidades y, lo que es peor, a los ciudadanos".
El Gobierno central, de su lado, niega que esta medida sea un mero "parche" en materia de vivienda y ha pedido a las comunidades autónomas que se sumen a las propuestas articuladas desde el Ejecutivo central y que aporten medidas para ampliar el impacto del bono joven al alquiler y de todos los programas de vivienda.
Los representantes de estas cinco autonomías también solicitaron al Gobierno central el desarrollo de una herramienta informática de gestión que permita a todas las administraciones regionales el traspaso de datos en caso de movimientos a otras autonomías por parte de los solicitantes. Además, dijeron, "entendemos que la posibilidad de pagar mensualmente o periódicamente va a hacer inasumible la gestión de estas ayudas".
LOS FONDOS
"El Ministerio no ha cesado de crear falsas expectativas: anunció esta medida a comienzos de octubre de 2021, la aprobó en enero y los fondos, cinco meses después del primer anuncio, aún no fueron trasferidos", incidieron los responsables regionales que recordaron que esta ayuda apenas llegará a poco más del uno por ciento de sus posibles beneficiarios.
PLAN DE VIVIENDA "IDEOLÓGICO"
Los representantes autonómicos reprocharon al Gobierno central que no haya recogido sus propuestas en el nuevo Plan de Vivienda 2022-2025 que calificaron de "ideológico y que únicamente satisface a sus socios de coalición, empeñados en reeditar un modelo intervencionista que no ha funcionado en ninguna parte donde se ha aplicado".
Solicitaron que se respete escrupulosamente las competencias de las comunidades autónomas y que dé libertad a los gobiernos autonómicos para adecuar los programas de vivienda a las necesidades de cada territorio "sin imponer modelos ni programas".
Asimismo denunciaron que no hayan tenido más participación en la definición y condiciones de los diferentes programas del nuevo Plan de Vivienda y denunciaron que, a pesar de ser cofinanciado, el Plan impone que un 20 por ciento de la financiación esté destinada a programas específicos que en su mayoría ya existen en las comunidades autónomas, y elimina otros que estaban dando buenos resultados.
"Y, para complicarlo aún más, condicionan las ayudas entre sí con lo que se limita totalmente la capacidad de decisión y la libertad de elección entre los programas a las comunidades, así como dificulta su gestión, con el objetivo de imponernos su modelo de vivienda de subvención", manifestaron.
"Es una hoja de ruta igual de intervencionista que la Ley de vivienda, en la que tampoco existió diálogo alguno", aseguran. A este respecto, lamentan profundamente que la ministra no hubiera convocado hace meses una o varias reuniones de dicha conferencia para abordar el texto de una Ley con tantas y tan graves consecuencias.
Asimismo manifestaron que la regulación estatal aprobada invade competencias autonómicas porque de facto "hace política de vivienda al exigir la implantación de algunos programas que, en muchos casos, choca con la legislación autonómica".
