Andalucía crea 228 jefaturas nuevas por la Ley de Eficiencia de la Justicia, que reduce un 69% sentencias sin ejecutar

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha dado cuenta este martes en la Comisión parlamentaria de la creación de 228 jefaturas nuevas por la Ley de Eficiencia de la Justicia, que reduce un 69% sentencias sin ejecutar.

Según ha informado la Junta en una nota, la norma ha supuesto transformar los juzgados unipersonales en tribunales de instancia colegiados en un año. Así, Nieto ha detallado que la tercera y última fase ha sido la más compleja, al adaptar los doce partidos judiciales más grandes, con casi 5.400 funcionarios. En total Andalucía ha trasformado 85 partidos judiciales en los que trabajan 9.000 funcionarios, y ha asumido en solitario un coste de 56 millones.

En este sentido, Nieto ha detallado que la transformación del modelo de trabajo en el que los funcionarios ya no están adscritos a un juzgado concreto sino a secciones y servicios comunes ha supuesto un importante esfuerzo que ha implicado la negociación y aprobación de nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo en cada partido judicial.

Además, Andalucía ha sido de las pocas comunidades donde se han incrementado las plantillas, con casi un centenar de nuevas plazas, y se han creado 283 puestos de jefatura que antes no existían, necesarios para coordinar la nueva estructura de trabajo en servicios y secciones comunes.

El consejero ha explicado que en julio se adaptaron los 70 partidos judiciales más pequeños, en octubre otros tres y el 31 de diciembre la reforma entró en vigor en las ocho capitales, Algeciras, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Motril.

Son los doce partidos judiciales más grandes, donde trabajan casi 5.400 funcionarios. En estos partidos judiciales se han creado doce nuevas plazas y 228 puestos de jefatura. Además, se han transformado 24 puestos genéricos en especializados en Violencia sobre la Mujer para reforzar esta Jurisdicción que ha asumido nuevas competencias sobre delitos sexuales.

Solo en personal, la Junta ha invertido en esta tercera fase 1,4 millones de euros, a lo que hay que sumar la adaptación de los equipos y sistemas informáticos, así como las obras en varias sedes para adecuarlas a la nueva organización del personal en servicios comunes, que requiere espacios más amplios y diáfanos.

También para reforzar los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC), a los que desde abril es obligatorio acudir antes de interponer una demanda civil o mercantil.

No obstante, Andalucía se adelantó a la norma con medidas y servicios pioneros de mediación que "ya están dando algunos frutos, ya que en 2022 éramos la segunda comunidad con mayor tasa de litigiosidad y según el último informe ya somos la sexta casi empatados con la séptima".

Nieto ha indicado que "el ministro de Justicia dijo que nos ahorraríamos unos 63 millones de euros con esta reforma", sin embargo, el coste total estimado para las arcas andaluzas ronda los 56 millones. Además, la ley fue publicada el 2 de enero de 2025, con los presupuestos andaluces ya aprobados.

Como ejemplo de este esfuerzo ha señalado el coste que supone la transformación de los 700 Juzgados de Paz andaluces en Oficinas de Justicia Municipales cuya gestión digital pasa a depender completamente de las comunidades autónomas. "Esto supone, de un día para otro, 16 millones de coste", ha detallado.

El consejero ha incidido también en la falta de diálogo del Ministerio sobre la reforma con las comunidades, lamentado que durante todo el año de la implantación no se haya celebrado ninguna Conferencia Sectorial de Justicia hasta el pasado 22 de diciembre.

El titular de Justicia ha trasladado que en esta reunión el Ministerio destacó que Andalucía es una de las comunidades más adelantada y donde mejor ha funcionado la implantación de los tribunales de instancia, pues en los 73 partidos judiciales transformados en las dos primeras fases las sentencias sin ejecutar se han reducido un 69% y los actos de comunicación pendientes un 43,8%. "Una cifra muy por encima de la media del resto de territorios".

Para Nieto "estos datos no son casualidad, son el resultado de una planificación rigurosa, de una inversión sostenida y del compromiso de miles de profesionales de la Justicia a los que agradezco enormemente su ejemplo para poder llegar con tiempo a esta implantación".

Por último, ha remarcado que "pese a todas las dificultades, Andalucía ha cumplido en tiempo, en forma y, lo que es más importante, garantizando la calidad del servicio público de Justicia y reforzando los derechos de la ciudadanía".