La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, y la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, en rueda de prensa. - Rocío Ruz - Europa Press
SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía el gasto de 48 millones de euros para la gestión de los 17 grupos educativos de convivencia (GEC) repartidos en las ocho provincias, donde los menores infractores cumplen medidas impuestas por los jueces.
Según ha informado la Junta en una nota, con esta autorización, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, responsable del sistema de Justicia Juvenil, sacará a concurso la gestión de estos grupos desde el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2030, ya que el contrato actual expira el 30 de junio de 2026.
En estos grupos, los jóvenes residen los meses que establezca la autoridad judicial para "aprender a respetar las normas, a trabajar en equipo y a convivir con otras personas". La Junta es responsable de garantizar los centros y servicios para que los menores infractores cumplan las medidas judiciales de internamiento o medio abierto que dicten los jueces.
Una de las medidas que pueden establecer es la convivencia en grupos educativos. Para ello, la comunidad cuenta con 17 grupos (uno masculino y uno femenino en cada provincia a excepción de Málaga, donde hay tres) con 136 plazas. En 2024, más de 200 menores pasaron por estos grupos educativos de convivencia, una medida de medio abierto que los jueces suelen imponer mayoritariamente en los casos de violencia filioparental, más frecuente entre las chicas.
Este recurso es gestionado por entidades especializadas en la reeducación de los menores infractores, objetivo principal de la Ley de Responsabilidad del Menor, que cumple 25 años en vigor. El actual contrato con las entidades que gestionan estos recursos expira el 30 de junio de 2026, por lo que es necesario convocar un nuevo concurso para sacar a licitación este servicio, que se realizará mediante la división del expediente en ocho lotes (uno por provincia), por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
El contrato será de 48 meses, entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2030, con posibilidad de prorrogarlo doce meses más. El importe total asciende a 48.005.276 euros repartido por anualidades durante el plazo del contrato: algo más de cinco millones en 2026 para cubrir los seis meses de contrato; doce millones en 2027, 2028 y 2029 y casi siete millones en 2030 para los últimos seis meses.