La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, a su llegada a la comisión parlamentaria del 22 de mayo de 2024. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA
SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha informado este miércoles a los integrantes de la Comisión de Salud sobre la I Estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria 2024-2027, que ofrecerá una atención integral a las personas con necesidades sanitarias que también requieran de cuidado social. El principal objetivo de la estrategia es la "adecuación" de la cartera y catálogo de servicios, tanto del Sistema Sanitario Público de Andalucía como del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, a las necesidades de las personas que presentan simultáneamente necesidades de apoyo y cuidado.
Así, la Comisión de Salud y Consumo del Parlamento andaluz ha sido conocedora de la partida presupuestaria destinada para tal fin, para la que se dispondrán de 26,5 millones de euros, de los cuales 11,4 son de autofinanciación por parte del Servicio Andaluz de Salud, 11,9 proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, 3,2, de fondos Feder.
"Trabajaremos desde un enfoque de atención centrado en las personas y en la comunidad, favoreciendo la permanencia de la ciudadanía en su entorno habitual de vida", ha señalado la consejera, que ha apuntado que gracias a su puesta en marcha las personas que hayan recibido el alta hospitalaria pero requieran de cuidados que no puedan recibir en el entorno familiar o no dispongan de recursos para ello, dispondrán de este apoyo, tal como ha recogido la Junta en una nota de prensa.
"Las personas que precisan adicionalmente de un cuidado social son un grupo especialmente vulnerable que exige de la Administración una atención diferenciada y el establecimiento de medidas concretas que den respuesta a las características de su demanda sociosanitaria", ha indicado Catalina García, que ha señalado que este tipo de situaciones no son exclusivas de Andalucía, sino que se reproducen en el resto del territorio nacional e, incluso, trasciende de nuestras fronteras.
Por este motivo, la Consejería de Salud y Consumo, junto con la de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, trabajarán en medidas dirigidas a esta problemática, que estarán englobadas en esta Estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria 2024-2027, con objeto de dar respuesta a estos problemas sociales. "Todos debemos ser conscientes del cambio en el perfil sociodemográfico, epidemiológico y cultural que se está produciendo en nuestra sociedad en los últimos años, y que muestra como principal síntoma el aumento de la fragilidad emocional y de las situaciones de dependencia", ha explicado la titular del ramo.
La consejera de Salud y Consumo ha explicado que "el envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas requieren de una respuesta integral". Sin embargo, ha dicho, "la respuesta genérica que ofrecen los sistemas públicos sanitarios y sociales no siempre se adaptan a las particularidades y las necesidades de estos colectivos". Por este motivo, ha señalado, "se hace necesaria una mayor adecuación, focalizada en potenciar la accesibilidad y facilitando la posibilidad de que los cuidados sanitarios y sociales puedan realizarse en el entorno habitual de vida de estas personas".
En palabras de García, es "imprescindible" tener un referente documental común. En la Comisión de Salud del Parlamento andaluz, Catalina García ha indicado que, en aquellas situaciones donde la atención sanitaria por enfermedad confluye al mismo tiempo con los cuidados y apoyos ofrecidos por los servicios sociales, es necesaria una coordinación planificada entre la atención sanitaria y la de los servicios sociales. "Debemos garantizar en todo momento la continuidad de los cuidados, al tiempo que se optimizan los recursos públicos existentes".
Así, se ha referido a la importancia de que la relación entre ambos servicios públicos es histórica, y prueba de ello son la coordinación para el desarrollo del Plan Integral de Alzheimer y Otras Demencias, o la elaboración de un protocolo de buenas prácticas para prevenir, detectar y abordar situaciones de maltrato en personas mayores. Además, ha recordado cómo la pandemia requirió de dicha coordinación en el sector de residencias de mayores.
"De hecho, esta Consejería continúa realizando un seguimiento proactivo sobre 886 centros residenciales de personas mayores, de personas adultas con discapacidad, y de personas con discapacidad gravemente afectadas". En este sentido, ha querido poner de manifiesto el acuerdo del Pacto Social y Económico por el Impulso en Andalucía, firmado en marzo de 2023 entre la Presidencia de la Junta de Andalucía y los agentes sociales, que incluye un apartado específico dedicado a las líneas de mejora en la atención a la salud, los servicios sociales y dependencia y que concreta conformar una mesa de diálogo que desarrolle la Estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria, con la participación de los agentes económicos y sociales firmantes del Pacto.
"Pues poco más de un año después, la estrategia ya es una realidad para Andalucía", ha subrayado. "Como les decía en el inicio, el objetivo de la Estrategia es muy claro: ofrecer una atención integral centrada en las personas que requieren de atención sanitaria y reciben a la vez cuidados y apoyo de los servicios sociales, con la que vamos a promover el desarrollo y consolidación de un modelo de atención sociosanitaria coordinado e integral en Andalucía entre las Consejerías competentes en materia de salud y de servicios sociales", ha apuntado.
Así, ha explicado que, independientemente del enfoque de atención centrada en la persona, se va a promover la autonomía y la vida plena en todas las situaciones, contingencias y etapas del ciclo vital desde un enfoque preventivo y sostenible. El texto recoge una serie de objetivos estratégicos y líneas concretas de actuación. En concreto, son ocho objetivos estratégicos, seis líneas y 37 acciones, entre los que se encuentran la garantía del uso más racional de los recursos disponibles, evitando traslados, ingresos y estancias innecesarias y poco adecuadas a las características actuales de los hospitales; reforzar la atención preventiva que evite la aparición o el empeoramiento de situaciones de dependencia; actuar como mecanismo de prevención ante reingresos; y reducir la posible brecha de género existente en la intervención sociosanitaria de forma transversal.
Para ello, ha expuesto que se implantará una estructura organizativa de coordinación sociosanitaria y un modelo de gobernanza, para los que se incorporará a las entidades locales, al movimiento asociativo y a otros grupos de interés. También se establecerá una definición ajustada del perfil de la persona con necesidades de atención sociosanitaria para identificar los diferentes perfiles y los criterios de ajuste a los diferentes recursos asistenciales; y se definirá el contenido de la cartera y catálogo de servicios y las intervenciones sociosanitarias.
Asimismo, se definirá la actuación de los servicios sociales y sanitarios en las unidades de cuidados intermedios, con la articulación de su procedimiento de acceso, así como las intervenciones a desarrollar por los diferentes niveles territoriales; y se propondrá la integración operativa y desagregada de los sistemas de información de la atención sociosanitaria. En último lugar, se elaborará un marco normativo y de financiación del modelo de la atención sociosanitaria