Andalucía refuerza el frente común autonómico ante la reforma del Reglamento General de Costas

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Andalucía mantiene que el modelo actual de gestión del litoral es "ineficiente, excesivamente centralizado y generador de conflicto jurídico". Así lo ha trasladado la Junta, a través de la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Carmen Jiménez Parrado, a los representantes de las comunidades autónomas de Canarias, País Vasco, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares y Cataluña, en el marco de la reunión interautonómica celebrada en Barcelona el pasado martes.

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, en el encuentro se ha confirmado el "amplio consenso existente" entre autonomías para reformar el actual modelo de gestión del litoral y ha servido para avanzar en la coordinación de una posición común ante la "inminente" aprobación del nuevo Reglamento General de Costas.

En esta línea, la Administración autonómica ha insistido en la necesidad de continuar reclamando al Estado "transparencia, lealtad institucional y seguridad jurídica" en la modificación del marco normativo del litoral. Al respecto, se ha incidido en que Andalucía ha pedido al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática "en varias ocasiones" la convocatoria de la Comisión Mixta Paritaria Gobierno-Junta para abordar las competencias en materia de Costas.

En este sentido, la Junta ha sostenido que nos encontramos en una situación de "bloqueo institucional" derivado de la "falta de diálogo" con el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con actuaciones unilaterales por parte del Estado y "sin que exista una coordinación territorial". En este sentido, cabe alertar de la "alta inseguridad jurídica" que conlleva este escenario, con "numerosos litigios y retrasos estructurales", así como de la "duplicidad administrativa entre el Estado y las comunidades autónomas".

En este contexto, en la reunión se han identificado riesgos asociados a la aprobación del nuevo Reglamento, entre ellos una posible recentralización de competencias mediante el incremento de informes estatales vinculantes, la paralización de proyectos estratégicos "por la lentitud administrativa", la "pérdida de coherencia territorial en la gestión del litoral" y el impacto sobre sectores productivos como la pesca o la hostelería implantada en las zonas costeras.

Así las cosas, el Gobierno andaluz ha valorado que las comunidades hayan reafirmado la intención de definir una hoja de ruta compartida frente a la futura reforma de la Ley de Costas, basada en la necesidad de mayor autonomía efectiva en la gestión del litoral, la clarificación del reparto competencial, la demanda de una normativa más flexible y adaptada a las realidades territoriales y la defensa de una gestión sostenible con capacidad de decisión propia.

Para el Ejecutivo autonómico, "proteger mejor exige gestionar mejor", teniendo en cuenta que la normativa vigente "no responde a los desafíos actuales, como la erosión costera, que ya afectan a numerosos tramos del litoral andaluz".

En suma, la reunión se han acordado líneas de acción a corto, medio y largo plazo, que incluyen la coordinación interautonómica, la solicitud de una Conferencia Sectorial de Costas, el envío de comunicaciones conjuntas al Ministerio y a instituciones europeas, la evaluación de acciones jurídicas frente al Reglamento, el refuerzo de la presión institucional y mediática, la implicación de ayuntamientos y sectores económicos, y el impulso de una reforma integral de la Ley de Costas que permita "un modelo más flexible, coherente y respetuoso con las competencias autonómicas".