SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía va a crear una comisión intersectorial que se encargará de la coordinación administrativa del empleo público dentro de su propia estructura administrativa. Un órgano colegiado que entre sus funciones tendrá la de "evaluar las necesidades de formación y capacitación del personal, con el fin de mejorar la cualificación y la adecuación de los empleados públicos a las demandas de los servicios prestados a la ciudadanía". Esos informes que emita no serían, en cualquier caso, vinculantes. Asimismo, también pondrá en marcha una segunda comisión cuyo objetivo será, en este caso, coordinar la política de empleo público de las diferentes administraciones públicas de Andalucía.
Así lo explican a Europa Press fuentes de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, cuya Secretaría General para la Administración Pública ya trabaja en ambas comisiones. La primera de ellas, centrada en el propio ámbito de la Junta, focalizará su trabajo en "mejorar la coordinación en la planificación de los recursos humanos, asegurando que las políticas de empleo público se implementen de manera coherente en todo el ámbito administrativo", así como "promover la transparencia en los procesos relacionados con el empleo público".
El nuevo órgano velará por "optimizar la gestión de los procesos selectivos y de promoción, garantizando la igualdad de oportunidades, el mérito y la capacidad en el acceso a la función pública y desarrollará "estrategias para la reducción de la temporalidad en el empleo público, según las directrices marcadas tanto a nivel autonómico como estatal y europeo".
Con "carácter general" corresponderá a esta comisión de coordinación elaborar los estudios e informes en materia de empleo público en Andalucía que le sean solicitados, y "otras funciones que le sean expresamente encomendadas por norma legal o reglamentaria", apostillan desde el departamento que dirige José Antonio Nieto.
PARA REGULAR EL EMPLEO EN EL SENO DE LA JUNTA
Asimismo, ya se ha publicado para cumplir el trámite de exposición pública el proyecto de decreto que regulará la comisión de coordinación del empleo público de Andalucía, cuyas decisiones se adoptarán por consenso y no tienen carácter vinculante, que viene recogida en la Ley de Función Pública y ahora se desarrolla.
Esta estará compuesta por representantes de las consejerías competentes en materia de Administración pública, Educación, Salud y Justicia, así como por representantes de la Administración Local, cuya designación corresponderá a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), y representantes de las universidades públicas de Andalucía, cuya designación corresponderá al Consejo Andaluz de Universidades (CAU).
Sus funciones serán estudiar, analizar e informar con carácter preceptivo los proyectos normativos en materia de función, las propuestas de criterios de actuación homogénea, el análisis de la situación del empleo público y la formulación de propuestas y recomendaciones de actuación.
Además, elevará al Consejo de Gobierno con carácter anual un informe de seguimiento del empleo público de Andalucía, promoverá la movilidad "voluntaria" entre las diferentes administraciones en el ámbito de la Junta y formulará propuestas de criterios comunes en relación con la transparencia, imparcialidad, objetividad y adecuación de los sistemas de evaluación del desempeño y de carrera profesional, entre otros.