Consejería de Regeneración ultima Ley de Evaluación de Políticas Públicas para optimizar recursos y corregir políticas

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Manuel Alejandro Cardenete, ha inaugurado este jueves las V Jornadas de Evaluación de Políticas Públicas, organizadas por el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas (IAAP), en las que ha defendido que el actual Gobierno ha abierto "el periodo de mayor esfuerzo por la regeneración y la recuperación de la confianza ciudadana en la historia de la comunidad autónoma".

En esta línea, la Consejería está ultimando el Anteproyecto de Ley de Evaluación de Políticas Públicas, una norma destinada a "la optimización en el uso de los recursos públicos y el establecimiento de medidas correctoras que reconduzcan las políticas fallidas" que aparece recogida en el pacto de gobierno, según ha explicado la Junta en un comunicado.

Cardenete, que ha abierto las jornadas junto a la directora del IAAP, María del Mar Caraza, ha recordado que "este Gobierno de coalición nació con la idea de poner el acento en las políticas de Regeneración" para recuperar la confianza de la ciudadanía en las administraciones públicas.

Para ello, ha explicado que la Junta ha aprobado normas tan importantes como la Ley contra el fraude y la corrupción y protección de la persona denunciante, ha profesionalizado la selección y evaluación de los directivos de las entidades instrumentales, ha incorporado planes de transparencia en todas las consejerías con objetivos y medidas concretas para avanzar en esta materia y ha puesto a disposición de los andaluces instrumentos que facilitan el acceso a la información pública como el visor de presupuestos que permite saber "a qué se destina su dinero" o un buscador de ofertas de empleo público porque "no era de recibo que hubiera que mirar en multitud de páginas para ver las ofertas disponibles".

La futura Ley de Evaluación de Políticas Públicas incide en este compromiso del Ejecutivo andaluz y supone una exigencia en la actualidad, por un lado ante el importante volumen de fondos europeos que la Junta va a gestionar y la obligación de ser eficaces en su uso, y por otro porque, en la era de Internet y las redes sociales que facilita el acceso a la información y la participación activa, "el ciudadano actual exige su derecho a conocer el destino de los recursos públicos y la eficacia de las políticas públicas que se practican y a valorar, criticar, demandar u orientar, llegado el caso, esas políticas públicas".

"El nuevo Ejecutivo andaluz cree en la transparencia como modo de relacionarse con los ciudadanos. Y estamos convencidos de que la Ley de Evaluación de las Políticas Públicas va a implicar un cambio de cultura en las relaciones entre Administración y administrados", ha subrayado el viceconsejero.

Cardenete ha destacado que el IAAP jugará un papel clave ya que el borrador de la norma contempla que todos los planes aprobados por el Consejo de Gobierno deberán incorporar un Documento Técnico de Evaluabilidad, emitido por este Instituto. Y además de la Junta y sus entes instrumentales será de aplicación para las administraciones locales y las universidades públicas andaluzas.

En las jornadas, bajo el título 'La evaluación como motor de innovación', han participado profesionales del IAAP, expertos universitarios, consultores especializados y responsables de distintas administraciones de Andalucía y otros territorios. La clausura ha corrido a cargo de la secretaria general de Regeneración, Racionalización y Transparencia de la Junta, Nuria Gómez.

Gómez ha incidido en el compromiso del Gobierno andaluz para llevar a cabo la elaboración de una ley que se incluyó como un mandato estatutario en la reforma del Estatuto de Autonomía de 2007 y que "después de 14 años lo único que faltaba era voluntad política y esa voluntad está".

Ha incidido en que "una ley que obliga a los responsables públicos, gobierne quien gobierne, a medir sus acciones, es un cambio de paradigma en el modelo político" basado en la "autoevaluación" en aras de la eficacia y la eficiencia frente a la "rentabilidad electoral a corto plazo".

Un modelo en el que ha subrayado que el actual Ejecutivo autonómico y la Consejería "cree firmemente y por el que está apostando redactando un marco legal para implantar la cultura evaluadora en la gestión pública".