Consumo impone sanciones por 15,4 millones en 2017 y programa 25 nuevas campañas de inspección para 2018

SEVILLA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Salud Pública y Consumo, Josefa Fernández, acompañada de la directora general de Consumo, Isabel Niñoles, ha presentado este jueves en rueda de prensa el balance de las actuaciones desarrolladas por la Junta de Andalucía en materia de consumo durante el pasado año 2017, y ha avanzado las principales líneas de actuación que se impulsarán en el presente año. Esta presentación coincide con la celebración del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, que se conmemora cada año el 15 de marzo.

La secretaria general ha destacado especialmente los resultados de las actuaciones desarrolladas por la Junta en el ámbito del control e inspección del mercado, una labor encaminada a comprobar el correcto cumplimiento de la normativa en materia de consumo por parte de las empresas que operan en Andalucía, para garantizar que los bienes y servicios puestos a disposición del público se produzcan, suministren y ofrezcan en unas condiciones adecuadas para que puedan disponer de productos seguros y de calidad.

En esta línea, según un comunicado, en el año 2017 se llevaron a cabo 27 campañas de control, y se levantaron un total de 17.435 actas de inspección tras la visita a más de 13.000 establecimientos. Del total de actas, 2.039 son positivas, es decir, que han detectado algún tipo de irregularidad o incumplimiento de la normativa, lo que supone un 11,7 por ciento del total, un porcentaje que se reduce respecto a ejercicios anteriores (12,35% en 2016 y 16,58% en 2015).

Cuando se detecta alguna irregularidad, se ponen en marcha los mecanismos habilitados al efecto, y se toman las medidas oportunas, ya sea imponiendo sanciones a las empresas que incumplen con las obligaciones en materia de consumo, o retirando productos del mercado. A lo largo del año 2017 se han resuelto 2.672 expedientes sancionadores (derivados de actuaciones desarrolladas tanto en 2017 como en años anteriores) por un montante total aproximado de 15,4 millones de euros.

Entre los expedientes más destacados están los ocho que se han abierto a entidades financieras por la introducción de cláusulas abusivas en los contratos de préstamo hipotecario y por la falta de información en relación con las denominadas cláusulas suelo, en respuesta a las denuncias presentadas ante la Administración de Consumo por la ciudadanía, tanto a título particular como a través de las asociaciones.

Estos expedientes han supuesto una cuantía total de 11.511.190,75 euros, donde se incluye una multa de 4.567.502 euros por las infracciones cometidas, además de un comiso por el beneficio ilícito obtenido, cuantificado en 6.943.688,75 euros. La aplicación del comiso es una novedad, siendo nuestra comunidad una de las pioneras en aplicar esta medida.

PLAN DE INSPECCIÓN DE CONSUMO 2018

Para dar continuidad a esta labor inspectora, se ha programado para este año el Plan de Inspección de Consumo 2018, que comprende un total de 25 campañas, cuyo desarrollo supondrá más de 9.000 actuaciones inspectoras, aproximadamente 400 de las cuales consistirán en la toma de muestras en los diferentes establecimientos que se inspeccionen.

Las actuaciones de control programadas se organizan en tres bloques: productos alimenticios y alimentarios, productos no alimenticios y servicios. Son objeto de una especial vigilancia, control e inspección los bienes de primera necesidad, como los alimentos, y los servicios esenciales para la comunidad, así como los productos orientados a la población infantil, por ser un colectivo especialmente vulnerable, como juguetes, disfraces, caretas, máscaras, y artículos de puericultura (chupetes, biberones, broches).

En el ámbito de los servicios, se insistirá este año en el desarrollo de campañas como la de información en la compra-venta y arrendamiento de viviendas, contratación a distancia, prácticas comerciales desleales, banca, sector aéreo o compañías de telecomunicaciones. Además, este año se hará también una campaña de inspección de entidades suministradoras de agua, debido a que en la última realizada, en 2016, se detectó un elevado porcentaje de irregularidades.

En la elaboración del plan de inspección participan, como cada año, las Federaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y diferentes centros directivos de la Administración andaluza cuyas competencias pueden afectar o tener relación con la defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias.

NUEVO DESARROLLO NORMATIVO

Además del Plan de Inspección de Consumo 2018, está previsto el desarrollo de nueva normativa para mejorar la capacidad de protección y defensa de las personas consumidoras y usuarias. En esta línea, se va a modificar el Decreto que regula las hojas de quejas y reclamaciones oficiales de la Junta, con el objetivo de adaptarlo a la normativa europea y mejorar la eficacia y la eficiencia del proceso reclamación.

También está previsto avanzar en la nueva Ley de Prevención y Solución de Conflictos de Consumo, que permitirá desarrollar un nuevo marco normativo que refuerce los mecanismos de resolución de conflictos y consolide el Sistema Arbitral de Consumo en Andalucía.

Por otra parte, también se está trabajando en el Plan Estratégico de Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias en Andalucía, un documento que tiene como objetivo establecer las líneas estratégicas que marcarán el impulso de las políticas de consumo en la comunidad, así como definir y programar las actuaciones a desarrollar durante los próximos años.

Además, se pondrá en marcha una nueva convocatoria de ayudas y subvenciones, dirigida tanto a las asociaciones y federaciones de personas consumidoras como a las entidades locales, con el objetivo de impulsar su mantenimiento y el desarrollo de sus actividades, para ofrecer a la ciudadanía una red de apoyo sólida, activa y accesible para ejercer sus derechos en materia de consumo.

BALANCE 2017

En cuanto a Consumo Responde se han atendido en 2017 más de 53.000 consultas (53.351), prácticamente el doble que el año anterior, cuando se atendieron 26.862.

Entre los temas más consultados destacan principalmente las cuestiones relacionadas con las hojas de quejas y reclamaciones, que acumulan el 34,3 por ciento del total, seguidas por los suministros básicos de electricidad, agua y gas, con un 32,7 por ciento del total. Las solicitudes de información relacionadas con este sector han experimentado un importante crecimiento respecto a las registradas en 2016, pasando de 2.450 a 17.442 consultas en un solo año.

En cuanto al canal de acceso, la mayoría de las solicitudes de información remitidas a Consumo Responde han llegado a través del teléfono gratuito 900 21 50 80, con el 90,3 por ciento de las consultas, frente al correo electrónico consumoresponde@juntadeandalucia.es, que acumula un 9,6 por ciento de peticiones de información. Más del 91 por cinto de las consultas recibidas fueron resueltas en menos de 24 horas.

Por otra parte, la Junta ha recibido en 2017 un total de 23.349 reclamaciones, un cuatro por ciento más que el año anterior. La mayor parte de las reclamaciones, un 94,8 por ciento, estaban relacionadas con el sector servicios, frente a un cinco por ciento de productos industriales y un 0,2 por ciento de alimentos.

Por otra parte, la Administración cuenta con herramientas alternativas para la resolución de conflictos como son la mediación o el arbitraje en consumo, un sistema que la Junta pone a disposición de los ciudadanos para resolver las controversias que surjan entre consumidores y empresas, sin tener que acudir a los tribunales. En el caso de la Junta Arbitral autonómica, son ya 4.035 las empresas adheridas, con 43 nuevas incorporaciones en 2017.