La FAMP promueve mecanismos sociales que garanticen el agua a las familias

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía, ASA-Andalucía, AEI, han firmado un protocolo de colaboración para "el fomento de medidas y mecanismos sociales que garanticen el suministro de agua a las familias andaluzas".

El documento ha sido firmado por el presidente de la FAMP y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y el presidente de ASA-A, Pedro Rodríguez, en el marco de la I Jornada de Medidas de Acción Social en el Sector del Agua, organizada bajo el título 'El agua. Un bien común para todos', por la citada asociación, en colaboración con la FAMP, en la Casa de la Provincia de Sevilla, y que parte del objetivo "fundamental" de asumir "como principio que no es justificable que ninguna familia se quede sin un suministro esencial como el agua por la situación económica que está atravesando".

Así lo ha puesto de manifiesto, en declaraciones a los periodistas antes del inicio de la jornada, el presidente de ASA-A, Pedro Rodríguez Delgado, quien ha recordado que "la situación económica que se viene padeciendo desde hace muchos años está conllevando que muchas familias tengan verdaderas dificultades en el ámbito del agua para hacer frente a la factura".

Acompañado por Rodríguez Villalobos y por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha explicado que desde ASA "se ha venido trabajando en estos meses atrás para concretar qué tipo de medidas de acción social se pueden poner en práctica para, de alguna manera, posibilitar que a ninguna familia se le corte el agua porque no pueda pagar la factura", y con la jornada de este miércoles se busca "concienciar del trabajo que se viene haciendo y asumir como principio que no es justificable que ninguna familia se quede sin un suministro esencial como el agua por la situación económica que está atravesando".

De esta manera, en la jornada se van a tratar "mecanismos puestos en marcha entre empresas privadas, públicas y mixtas para combatir esa situación", como "fraccionamientos de pago, bonificaciones tarifarias o fondos de acción social a fondo perdido que se aprueban en los presupuestos de ayuntamientos y empresas públicas para hacer frente a esa imposibilidad de pagar en algunos casos", según ha explicado el presidente de ASA-A, que ha apuntado también la intención de elaborar "un manual de buenas prácticas que sea una hoja de ruta para toda la gestión del suministro de agua en Andalucía".

Pedro Rodríguez ha incidido en que "todas las provincias y ayuntamientos" andaluces, que son "los verdaderos competentes y responsables de la gestión del agua, asumen, a través de sus servicios sociales, y con la complicidad de las empresas que gestionan, los recursos que sean necesarios para hacer frente a esa falta de pago que a veces se produce".

En el caso concreto de la provincia de Sevilla, ha apuntado que, por ejemplo, en el sistema de Aljarafesa "puede haber 2.500 familias que se ven beneficiadas por los recursos y programas de acción social aprobados en la propia mancomunidad", y ha reafirmado el convencimiento de que "a ninguna familia que no puede pagar la factura del agua se le corta el agua".

SEVILLA, "PUNTA DE LANZA" DE MEDIDAS DE ESTE TIPO

Por su parte, el presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, ha destacado que la jornada de este miércoles permite a los sistemas que operan en la provincia de Sevilla "poner en común la parte social que tiene la gestión de este bien público", y al respecto ha subrayado que "todos los sistemas que operan en la provincia de Sevilla, sin excepción, tienen esas bonificaciones o reducciones tarifarias", por lo que "estamos a la altura de las circunstancias".

"Sevilla se convierte en punta de lanza para reflejar en la sociedad que a las familias, por muy mal que estén, no se les corta el agua", ha aseverado al respecto el también presidente de la Diputación Provincial, que ha explicado que son los servicios sociales de los pueblos los que "seleccionan a la gente que tiene necesidades", y luego entra en juego la "sensibilidad" de las administraciones. Al hilo, ha valorado el papel "cómplice" de la Junta en estas políticas.

En la misma línea, el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, ha explicado que la presencia de la Junta en estas jornadas obedece "a la idea de trabajar con otras administraciones y los operadores" para que el suministro de una cuestión "elemental" como el agua esté "garantizado para las familias que tienen dificultades para hacer frente a la factura".

LA JUNTA ABOGA POR UNA GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA

Ha aludido al respecto al anteproyecto de Ley de Servicios Sociales aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno andaluz, en el que se intentará que "quede bien establecido que ninguna familia que tenga dificultades para afrontar estas cuestiones se quede al margen y prescinda de un bien elemental como es el agua", según ha abundado.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha abogado por una gestión del agua "sostenible, eficiente e igualitaria", y en su intervención en esta jornada, ha incidido en que la Ley de Servicios Sociales persigue "blindar las coberturas básicas en esta materia de las familias más desfavorecidas".

Fiscal ha reiterado que el Gobierno andaluz considera la gestión pública de los recursos hídricos como la mejor opción para velar por la cohesión y el bienestar social, y ha apuntado, según ha informado la Junta, que "no es justo que el abastecimiento del agua dispare su valor y se convierta en una causa de exclusión social y desigualdad entre los ciudadanos".

Por ello, ha explicado que la labor de la Junta en materia de aguas se sustenta en este recurso como "generadores de derechos, en su titularidad pública y en la necesidad de transparencia, participación y concienciación de la población".

El responsable de Medio Ambiente también ha recalcado el esfuerzo inversor que, a su juicio, realiza la Consejería, que cuenta con una dotación presupuestaria para 2016 en política de agua de casi 266 millones de euros.

Fiscal ha profundizado en la vertiente más social de la Ley de Aguas de Andalucía, una norma que, según el consejero, "ha sido y será un revulsivo para la modernización de la gestión del recurso, para la generación de riqueza, así como un avance sin precedentes en la recuperación de sus costes".

No obstante, ha aclarado que en relación a esta última cuestión, la ley persigue "un uso eficiente del agua, no tiene carácter recaudatorio", de ahí que el año pasado se suprimiera definitivamente la penalización a las viviendas que no dispusieran de contador individual.

Además, se ha referido a la reciente aprobación por parte del Consejo de Gobierno de un decreto para crear nuevos Órganos Colegiados y de Participación en materia de aguas. Una medida que, según destaca la Junta, fomenta la coordinación de las administraciones, la participación de los usuarios, gestores, técnicos, expertos y organizaciones sociales, sindicales y empresariales en la planificación de los recursos hídricos. "La transparencia será el eje del desarrollo de la acción pública en este campo", ha abundado Fiscal.

Por último, ha explicado que, resueltos los principales problemas de abastecimiento, la Junta continúa realizando "un gran esfuerzo para completar el mapa de saneamiento y depuración, en auxilio de los municipios que son quienes ostentan estas competencias".

Así, ha abogado por "buscar nuevas fórmulas de cooperación los ayuntamientos, las diputaciones y otros entes supramunicipales para avanzar en la puesta en servicio de las depuradoras", y ha recalcado la cooperación con las empresas del sector a las que ha calificado de "referentes en tecnologías de abastecimiento, depuración, así como investigación, impulso de 'I+D+i', desalación o regadío".