Publicado 21/04/2020 12:44

Igualdad "prioriza" ayudas a las familias y los centros residenciales en los 29 millones del Fondo Social por el Covid

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, en una imagen de archivo.
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica este martes los criterios "prioritarios" de actuación que ha establecido la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a la hora de la distribución entre las entidades locales de los 29.053.998,60 euros correspondientes al Fondo Social Extraordinario destinado exclusivamente a las consecuencias sociales del Covid-19 como "son la garantía de ingresos suficientes a las familias para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas (35% del presupuesto) y el refuerzo de las plantillas de los centros residenciales y de servicios sociales comunitarios (30%)".

La Junta destaca en un comunicado que con esta partida que "adelanta la Junta de Andalucía antes de que la transfiera el Gobierno central", los ayuntamientos y diputaciones andaluzas "podrán disponer de este presupuesto en unos días para hacer frente a la emergencia social provocada por la pandemia del coronavirus".

Asimismo, se establece que el porcentaje del presupuesto de cada entidad local ---ayuntamiento de más de 20.000 habitantes o diputación-- destinado a reforzar los servicios de ayuda a domicilio así como la adquisición de medios de prevención tanto para usuarios como para profesionales "tiene que ser del 20 por ciento. Finalmente, "el 15 por ciento en cada caso se destina a consolidar los dispositivos de las personas sin hogar, con el personal y medios materiales adecuados, asegurando que tanto ellas como quienes las atienden estén debidamente protegidas y, al mismo tiempo, posibilitar la ampliación del recurso tanto en el tiempo de estancia como en la intensidad", destaca Igualdad.

No obstante, la Consejería establece que en función de las necesidades de cada entidad local, "estos porcentajes puedan ser modificados y que las cantidades se abonarán en concepto de transferencias de financiación en un pago único".

Recuerda que e Fondo Social Extraordinario articulado por el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, supone la financiación de las prestaciones básicas de los correspondientes servicios sociales de las comunidades autónomas, diputaciones provinciales o corporaciones locales, "un recurso cuya demanda se está incrementando por parte de la ciudadanía como consecuencia de la actual pandemia por Covid-19", precisa.

En este sentido, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, como departamento competente en el desarrollo de la red de los Servicios Sociales Comunitarios indica que "debe adoptar y ha adoptado las medidas necesarias para ejecutar las directrices establecidas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en esta materia y desarrollar sus acuerdos".

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS

Según la Junta, de la cuantía total para las corporaciones locales, la provincia de Almería recibe 2.476.147,76 euros; Cádiz, 4.282.200,37 euros; para Córdoba se destina 2.703.591,86 euros; Granada, 3.158.342,68 euros; Huelva, 1.801.994,03 euros; Jaén, 2.187.668,47; Málaga, 5.738.070,12; y Sevilla, 6.706.983,3 euros. De esta forma, está previsto que se pueda atender a aproximadamente un millón de personas en toda la comunidad autónoma.

Además de esta partida para entidades locales, la Consejería de Igualdad apunta que gestionará 22.107.770 euros y la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda) hará lo propio con 2.556.729,40 euros. "Con estas cantidades se alcanzan los 51.718.498 euros asignados en total a Andalucía por el Fondo Social del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030", detalla.

Con respecto al crédito que corresponde a la Consejería de Igualdad, esta informa de que un total de 4.602.800 euros se destinará a hacer frente al refuerzo de servicios de proximidad de carácter domiciliario y compra de equipos de protección individual y el servicio de comida a domicilio para los usuarios y usuarias de Centros de Participación Activa titulares de la Tarjeta Sesenta y Cinco en su modalidad oro (personas de extrema vulnerabilidad).

Además, añade que 8.189.200 euros serán para reforzar las plantillas de centros residenciales de personas mayores, centros de personas con discapacidad y centros de protección de menores de titularidad de la Junta de Andalucía. También, que 1.535.370 euros serán para ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias, que irá destinado al incrementar la partida destinada a las corporaciones locales para atender las ayudas económicas familiares.

A su vez, señala que un total de 2.780.400 euros se llevará a cabo para financiar otras medidas imprescindibles y urgentes para atender a personas especialmente vulnerables, que se resolverán a través de la Comisión de emergencia social, así como para coordinar las actuaciones en materia de voluntariado que se deriven de las ocho comisiones provinciales de emergencia social.

Por último, Igualdad afirma que la Assda destinará 40.000 euros para hacer frente al refuerzo de servicios de proximidad de carácter domiciliario y dedicará 956.729,40 euros para incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria de manera que permita aumentar el ritmo de contactos de verificación y la vigilancia de la población beneficiaria de dicho servicio.

Y añade que dedicará 1.560.000 euros para financiar otras medidas "imprescindibles y urgentes" para atender a personas especialmente vulnerables, residentes en Comunidades Terapéuticas, así como para la cofinanciación del sobrecoste asumido por la Assda en la financiación del coste del servicio de los centros de día garantizado a las entidades prestadoras que han visto suspendida su actividad.

"Con las actuaciones definidas, se pretende hacer frente a las situaciones de desprotección y extrema vulnerabilidad provocadas por la emergencia sanitaria actual y que precisan de un abordaje urgente, donde los poderes públicos deben desplegar toda su capacidad, creando dispositivos y recursos necesarios para enfrentarse a la nueva realidad social que se presenta", concluye Igualdad.